La advertencia el 8 de noviembre de 2023 de Carlos Balcácer, abogado de Jochi Gómez, presidente de Transcore Latam S. R. L., de que apagaría el sistema semafórico de todo Santo Domingo, respondía a una intención de disuadir las imputaciones contra su defendido y otros, por presuntas irregularidades en un contrato de esa empresa con Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) para la modernización del sistema de gestión de tránsito, que incluía los semáforos de la capital.

Esa es la conclusión a la que llegó el Ministerio Público sobre los precedentes del apagón de los semáforos en la principales vías del Distrito Nacional, en agosto de 2024. Para el órgano acusador, además, la revelación del togado ante la prensa, a nombre de Transcore Latam S. R. L., fue «una amenaza en contra de la seguridad nacional». Según la solicitud de medida de coerción contra Jochi Gómez, el exdirector ejecutivo del Intrant, Hugo Beras, y otros ocho señalados en la denominada operación Camaleón, lo ocurrido en ese mes fue un sabotaje comandado por Gómez.

La instrumentación detalla que desde marzo hasta agosto del año 2024 fueron realizadas instalaciones inconsultas por parte de Transcore Latam, S.R.L., de nuevos reguladores con nuevas tecnologías del cual el Intrant desconoce su funcionamiento. Estas nuevas instalaciones aumentaron de 80 reguladores a 124, impactando de esta manera la actuación del personal de esa entidad para su modificación, dice la acusación.

«Estas instalaciones fueron realizadas de manera oculta durante las noches por los equipos de Transcore Latam, S.RX., bajo las directrices de Carlos José Peguero Vargas, Pedro Vinicio Padovani Báez y Jochi Gómez», dice el documento.

«Además, le instalaron nuevas tecnologías a los reguladores existentes que causó que el personal del Intrant pueda realizar las reprogramaciones necesarias, monitoreo y control remoto de la red semafórica para la modificación del orden y planes de tiempo», dice el Ministerio Público.

Sobre ese presunto sabotaje, el órgano persecutor asegura que la noche del martes 27 de agosto, los representantes del Intrant le comunican a Jochi que estaban autorizado a instalar nuevos equipos semafóricos, instruyéndole que no podían seguir realizando ningún tipo de instalación nueva. «Esa conversación provocó el disgusto de José Ángel Gómez Canaán, quien llamó en tono amenazante al director del Intrant, Milton Morrison, externando muchas informaciones irrespetuosas y señalando que dejaría de brindar el servicio de mantenimiento de sus equipos», asevera.

El pasado 31 de octubre del 2023, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), dio a conocer la suspensión del contrato firmado por el Intrant y la empresa Transcore Latam, S.R.L, por supuestas irregularidades halladas por el organismo fiscalizador.

La decisión está contenida en la resolución RIC-156-2023, emitida en fecha 27 de octubre, donde el acuerdo, con un valor ascendente a los RD$1,317 millones 350 mil 997 pesos, tiene como finalidad de contratar “Servicio de Modernización, Ampliación y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórico del Gran Santo Domingo”. Sin embargo, un pliego de denuncias hechas por otras empresas, ha motivado al inicio de las investigaciones, en busca de comprobar dichas irregularidades.

Los señalamientos, además de sabotaje, son desfalco, estafa, falsificación, contrabando y terrorismo.

Entre los arrestados también se encuentra Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de despacho de Beras y su representante ante el Comité de Compras del Intrant, quien, según la acusación, manipuló las decisiones de licitación para favorecer a empresas vinculadas a la red corrupta.

También, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant, tuvo supuestamente un papel crucial en la ejecución técnica del fraude, facilitando la adjudicación irregular de contratos y comprometiendo la seguridad vial.

Entre los detenidos, destacan también Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del dicha entidad, y Carlos José Peguero Vargas, quienes colaboraron activamente en el fraude y el lavado de activos a través de empresas fachada como Iprosol S. R. L.