Es común que durante la  conmemoración de la Navidad mucha gente pierda la cordura, por efecto del consumo de  bebidas alcohólicas. Es común que  gente bajo los efectos del alcohol conduzca vehículos de motor, aumentando los riesgos de accidentes de tránsito. Siempre son considerables las cifras de muertes y lesiones  por esta causa durante la época navideña.  En respuesta, las autoridades despliegan para la época operativos dirigidos a disminuir  las posibilidades de accidentes.

Es estimulante la advertencia  que ha hecho el general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), en el sentido de que las autoridades serán drásticas con los violadores de la ley de tránsito y no accederán a pedidos de “padrinos” que procuren la devolución de vehículos o liberación de personas envueltas en violaciones a la ley de tránsito. La advertencia rige por igual  para civiles, militares y policías, funcionarios y gente con algún tipo de influencia.

 La acción enérgica con apego a la ley  es la actitud más aconsejable para la autoridad cuando se trata de moderar la conducta de gente que violenta las reglas de manejo. Un desajustado no solo pone en riesgo la vida propia, sino también las de todos los que le acompañan o se encuentran en su trayectoria. El COE debe sentirse estimulado a cumplir al pie de la letra su  advertencia.

¿La fuerza contra la ley?

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, (Pro Consumidor) denunció que el gobernador de la provincia María Trinidad Sánchez impidió el jueves el decomiso de  productos vencidos en un supermercado de Nagua. El funcionario, según denuncia el organismo, envió militares al supermercado para impedir el trabajo de los inspectores de esa institución, creada y facultada por ley 358-05 para cuidar los intereses de los consumidores y usuarios.

Se trata de una regresión a tiempos que se creían superados, cuando era común que la fuerza subyugara a la ley y la autoridad. Pro Consumidor es un organismo público con funciones muy específicas, para garantizar que consumidores y usuarios reciban productos en buen estado y cuyos pesos y medidas se correspondan con las normas vigentes. Para la sociedad es intolerable que la fuerza y las influencias traten de ponerse por encima de la ley.