El último motivo invocado por el Gobierno haitiano para rechazar huevos y pollos locales -que primero atribuyó a una gripe y luego a la protección de su propia industria avícola- es ahora la evasión fiscal. Dice aspirar a que el comercio de los alimentos que lleguen por la frontera pague impuestos. Haciendo abstracción del torpe zigzagueo de pretextos, habría que reconocerle el derecho a gravar importaciones. Pero esto debe implicar que las autoridades vecinas asumirán la regulación plena del comercio transfronterizo para que, a su vez, República Dominicana pueda poner límites a todo lo que de allá venga, incluyendo viajeros, y reclamar el pago de aranceles si así procede.
Sea en el marco de un futuro tratado de comercio -que buena falta podría estar haciendo- o en virtud de algún otro compromiso bilateral, el Estado haitiano debería ocuparse en lo adelante de hacer respetar la frontera en términos administrativos y de orden público, incluyendo el no permitir que sus ciudadanos salgan del territorio sin pasaportes. El límite geográfico que los haitianos dicen tener con nosotros sirve de poco. La debilidad de sus instituciones y la falta de un ejercicio responsable de autoridad, hacen de Haití un país vulnerable a tráficos ilegales por los cuatro costados. Con un vecino así, es lógico que para República Dominicana sea tarea harto difícil imponer orden sobre los intercambios entre ambos países.
Ojo con precios de esas naves
La opinión pública cuestionó con énfasis en su momento la famosa compra de aviones Super Tucano para la persecución del narcotráfico que se materializó años atrás. Preocupó que no mediara una licitación abierta. Y los precios por unidad fueron denunciados como mayores a los pagados por equipos similares adquiridos por países de otras partes del mundo.
Ahora el Gobierno está siendo invitado a adquirir modernos y costosos helicópteros para los mismos fines. ¿Se conocerán, antes de tomar una decisión, todas las informaciones sobre características de las naves y sus ventajas comparativas, de precios y calidad, respecto de otros aparatos disponibles en el exterior? ¿Se informará si la compra incluirá el pago de comisiones e intermediaciones que el Estado podría economizarse significativamente si trata directamente con los fabricantes en vez de acogerse a la intervención de terceros?