Con la cuenta en rojo en materia de derechos en República Dominicana. El informe sobre atropellos a la dignidad humana de autoridades que Estados Unidos divulgó ahora sobre la República Dominicana de los últimos años se suma a la agresión perpetrada el lunes por agentes de la Digesett al Defensor del Pueblo, sus acompañantes y miembros de la prensa drásticamente impedidos de ingresar con legítima competencia a la desastrosa e irregular acumulación de vehículos en desuso del antiguo canódromo.

A más de atropellar a quienes llegaban allí pacíficamente con facultad de conocer las interioridades de ese desastre, surge la denuncia de absoluto crédito de que los equipos de captación de imágenes y sonidos retenidos con violencia a los comunicadores les fueron devueltos con total desaparición de los contenidos sobre la humillante embestida.
Un uso desenfrenado de investidura oficial en flagrante desconocimiento de la libertad de prensa que no debe quedar sin castigo.

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Además, como en los tiempos al parecer interminables de los ejercicios autoritarios del post trujillismo, el país aparece sombríamente como territorio en el que los cuerpos del orden cercenan derechos ciudadanos dentro y fuera de las cárceles, según la recopilación de informaciones de la propia prensa dominicana que durante decenios ha recogido la diplomacia estadounidense.

Es un doloroso recordatorio de lo que se da constancia rutinariamente aquí mismo sobre la deshumanización que caracteriza algunos actos de autoridad que deberían avergonzar.