Con la Iglesia no se pelea… tenemos que tomar esto con mucha calma”, fueron las palabras pronunciadas por Rafael L. Trujillo, momentos después que su vicepresidente, Joaquín Balaguer, leyera el texto de la Carta Pastoral de los obispos donde el clero católico denuncia la injusticia y la violación de los más elementales derechos humanos durante el Gobierno del dictador.

Trujillo había convocado a sus colaboradores más cercanos para que juntos conocieran y analizaran el contenido del histórico documento. Estaban su hermano, el presidente Héctor B. Trujillo, y los secretarios de Estado Virgilio Alvarez Pina, de Interior y Policía; Relaciones Exteriores, Porfirio Herrera Báez; Finanzas, Rafael Paíno Pichardo; el director del Archivo General de la Nación, Emilio Rodríguez Demorizi, el jefe del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), Johnny Abbes García, y el director de La Voz Dominicana, J. Arismendy Trujillo.

El pronunciamiento del gobernante no fue más que una postura pública, puesto que los presentes recordaron el significativo aporte de la Iglesia en la caída de los Gobiernos dictatoriales de Gustavo Rojas Pinilla, en Colombia; Juan Domingo Perón, en Argentina y Marcos Pérez Jimenes, en Venezuela.
Trujillo jugó sus cartas a su mejor entender, confiado en el efectivo control que tenía en todos los sectores de la vida nacional. Los contertulios presentes en el encuentro insistían en que se tomaran medidas “enérgicas y agresivas” contra la Iglesia. Su esposa, María Martínez de Trujillo, favorecía que se actuara de “inmediato y sin tolerancia”, posición que fue respaldada por Alvarez Pina y Paino Pichardo. Algunos sacerdotes que disfrutaban de la confianza del Gobierno aconsejaron obrar en sentido contrario a la política emprendida por los obispos.

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Entretanto emisarios del dictador trataban de convencer a los curas de modificar su actitud frente a Trujillo, emitiendo una segunda Carta Pastoral más moderada, los tentáculos de la represión fueron extendiéndose con actitudes torpes que terminaron con radicalizar la actitud de los curas que asumieron una posición más enérgica en defensa de los opositores del Gobierno que estaban en las cárceles.

El nuncio del Papa, monseñor Lino Zanini, a quien se atribuye la idea original de la carta, trató por la vía diplomática de lograr un giro en el comportamiento represivo del Gobierno, que ya comenzaba afectar en forma directa a la Iglesia católica. No obstante las múltiples diligencias que realizó el nuncio apenas pudo conseguir de parte de Balaguer “tímidas respuestas basadas en evasivas, ambigüedades y promesas de solución que nunca se concretizaron”. De inmediato comenzaron las acciones violentas de los sicarios de Trujillo contra la Iglesia después de la lectura del documento.

Cuando el sicariato trujillista detuvo en La Romana al seminarista Luisito González Peña (Papilín), asesinado en la cárcel La 40, una vez concluidas las festividades del 21 de enero, Día de La Altagracia, el obispo de la Diócesis de Higüey, Juan Félix Pepén, se entrevistó con el nuncio papal en la Capital, a quien narró el caso del joven seminarista. Zanini no perdió tiempo, y acto seguido instruyó al prelado higüeyano redactar un documento denunciando las atrocidades del régimen, borrador que recibió el representante del Vaticano, que recomendó un texto más contundente contra la dictadura, responsabilidad confiada al sacerdote Vicente Rubio. Así se hizo y la pastoral fue leída en todos los templos católicos.

La persecución contra la Iglesia no se hizo esperar y el primer domingo de febrero de 1960, en un mitin montado por personeros del régimen frente a la catedral de La Vega, el obispo Francisco Panal oficiaba una misa y en el mismo acto religioso, le lanzaron encendidos insultos y palabras impublicables.

Más adelante, el secretario sin catera y hombre de extrema confianza del dictador, Manuel de Moya Alonzo, atribuyó el origen de la carta a lo que llamó supuesta “insatisfacción de los sacerdotes ante la benévola y tolerante postura de Trujillo frente a las evidentes actividades de las sectas protestantes en el país”. El funcionario resaltó el apoyo financiero que el Gobierno había brindado a la Iglesia católica. Por su parte, el canciller Herrera Báez fue enviado en misión especial al Vaticano en busca de lograr la reversión del espíritu de la pastoral, sin que obtuviese logros significativos en la encomienda. Le acompaño el cura higüeyano Zenón Castillo de Aza, promotor de la idea de que se otorgara a Trujillo el título de benefactor de la Iglesia.

Las diferencias del dictador y el clero se acentuaron después de la salida clandestina del país de Guido D¨ Alessandro, uno de los complotados del 14 de Junio y concuñado de Ramfis, cuya responsabilidad Trujillo atribuyó a la plana mayor de la Iglesia y a la embajada de los Estados Unidos. Otras salidas clandestinas al exilio que causaron preocupación a las autoridades de turno fueron las de Mario Read Vittini, Tirso Mejía Ricart, Juan Miguel Román y una docena de perseguidos políticos que a tiros limpios lograron llegar a la embajada de Brasil.

El impacto provocado por la pastoral, divulgada en enero de 1960, hace 64 años, fue demoledor y trazó la ruta para la desaparición de la Era de Trujillo