Hoy 
Ayer se conjugaron dos circunstancias que dejan mucho que desear y que ponen en entredicho la vigencia de los derechos individuales y colectivos.
La primera de esas circunstancias es que varias empresas de transporte de pasajeros disfrazadas de sindicatos paralizaron este servicio público para tratar de forzar a las autoridades a violar disposiciones que autorizan la retención de todo vehículo de motor que circule sin la correspondiente placa en el lugar establecido por la ley.
La segunda circunstancia desdichada es la falta de autoridad oficial exhibida en momentos en que los promotores de la paralización sacaban por la fuerza y bajo amenaza de armas a pasajeros que trataban de llegar a sus destinos en vehículos de choferes que no estaban de acuerdo con el paro.
Para citar un ejemplo, varios individuos armados que se movilizaban en motocicletas interceptaron en la esquina San Martín y Tiradentes un camión cuyo conductor decidió transportar a personas que encontró varadas. Los individuos no solamente hicieron bajar con amenazas a los ocupantes del camión, sino que además intentaron volcarlo. Sorprendentemente, los policías que actuaron los dejaron ir como si nada hubiera pasado, a pesar de estar presentes varias figuras jurídicas con sanciones previstas en las leyes, como son las amenazas con armas, la constitución en turba y la asociación para delinquir, para citar solo unas cuantas.
-II-
El Gobierno da una mala señal cuando tolera estos actos reñidos con las leyes. Si se toma al pie de la letra lo dicho por algunos de estos desprestigiados seudosindicalistas, de que el paro de ayer fue “solo para calentar el brazo”, y si se suma esta amenaza con la falta de autoridad exhibida ayer, tendremos que estar bien confesados para lo que podría ocurrir aquí al final de este mes, para cuando está convocada una huelga general de transporte.
Estos grupos, capaces de actuar como fuerza de choque, son en gran medida hechura de gobiernos y partidos, que los han alimentado en todas las épocas, a través de planes como Renove y otras fórmulas, con tal de tenerlos de su lado, sin importar que cometan contra el ciudadano atropellos indignantes.
El Gobierno está en el deber de garantizar la seguridad de aquellos choferes que no quieran plegarse a los apetitos de estas empresas de transporte. Ningún ciudadano puede ser obligado a transportarse o dejar de transportarse donde le venga en ganas a los auspiciadores de estos paros.
Es un contrasentido que las autoridades tengan energía suficiente para hacer valer la ley que prohíbe transitar en vehículos sin placas, y que en cambio no tengan la misma actitud para las agresiones contra pasajeros y conductores deseosos de trabajar.
Es tiempo de que en este país se hagan valer las leyes para preservar los derechos de los ciudadanos y que se ponga en cintura a estos falsos sindicalistas.
