El Ministerio de Medio Ambiente sigue aplicando la resolución  que dispuso  el cese de las actividades agrícolas en Valle Nuevo, pues al decir de su administrador, Julio César de los Santos, en los primeros  doce días desde que se cumplió el plazo para el desmonte de las infraestructuras  agrícolas  se han retirado cientos de metros de tuberías y varios  sistemas de riego. Pero no puede decirse lo mismo del desalojo de los ocupantes ilegales de ese parque nacional, como también ordena esa misma resolución, pues el Bloque de Campesinos de Valle Nuevo se mantiene firme en  su posición  de  no abandonar la zona hasta que se les reubique en otro lugar donde puedan seguir cultivando la tierra.  En cuanto a los otros ocupantes ilegales, los propietarios de las grandes villas construidas en la zona, tampoco  parece probable que el gobierno los desaloje, sobre todo si es verdad, como señala el ambientalista Luis Carvajal, que la mitad del Comité Político, así como jerarcas militares y policiales  y gente de mucho dinero y alcurnia, son sus   propietarios.  Mientras esa clase de información  ande circulando  sin  ser desmentida por   Medio Ambiente, que se resiste, probablemente cumpliendo órdenes superiores,  a revelar esos nombres como si se tratara de un secreto de Estado, resultará muy difícil justificar el  desalojo de los pequeños productores que reclaman, con razón, que quienes actúan en nombre  de la ley para salvaguardar a   Valle Nuevo de sus depredadores  los trate igual que a los ricos. Y eso  lo sabe el doctor Francisco Domínguez Brito, pues  no es la primera vez que los poderosos intereses de la “Corporación PLD” se atraviesan en su camino para impedirle cumplir con su deber de funcionario público comprometido con el país y su futuro.