Hoy 
En contraste inicuo con el estado de precariedad económica, y hasta de subalimentación, que sufre cerca de una tercera parte de la población dominicana han prosperado, con la modernización del Estado, las cúpulas oficiales y descentralizadas que ejercen el derecho de fijarse excesivos sueldos y paquetes de beneficios personales a costa del contribuyente. Irritantes autoasignaciones de remuneraciones y privilegios ocurrieron en organismos como la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral.
En virtud de esas licencias para el provecho individual, República Dominicana es hoy asiento de una minoría de funcionarios que resultan mejor pagados (en el renglón de las dietas para viajes incluido) que sus iguales de países grandes y ricos. Mediante una artificiosa legalidad, aquí se incurre en lo lamentable y lo ilegítimo para ampliar el abismo entre gente privilegiada y gente desposeída.
Mientras el gobierno chocaba y mantenía actitudes que provocaban encendidas y caóticas luchas de desgaste en perjuicio de servicios públicos como el que prestan los médicos a los que ha negado mejoras salariales, inmerecidas y millonarias pensiones aumentan la disponibilidad de dinero a gente todavía fuerte, sana y de gruesos y ostensibles patrimonios, cuyos ingresos por ese concepto compiten incluso con los de ex-jefes de Estado del mundo altamente desarrollado.
Insensibilidad ante las críticas
La democracia debe dar frutos para llamarse tal, y generar con regularidad el beneficio de la rectificación y el perfeccionamento de funciones públicas como resultado de la denuncia y el reclamo de los gobernados a los gobernantes. Para su propio bien y el de la sociedad, los jueces de la Cámara de Cuentas dieron marcha atrás a la autoasignación de regalías que no merecían, y ante las objeciones del presidente de la Suprema Corte, doctor Jorge Subero Isa, a aspectos de la reforma constitucional en proceso, el Presidente Leonel Fernández reaccionó con ánimo constructivo y con aceptación, al menos parcial, de los argumentos del magistrado.
En cambio, la ciudadanía no sale del desconcierto que causa la resistencia del jefe del Ministerio Público al reclamo de que cumpla su obligación de investigar cada hecho de sangre que involucre a miembros de la Policía para que todo intercambio de disparos sea ventilado por fiscales y jueces.
