En ocasiones, la frontera entre el   taimado propósito de hacer daño y el respetable fin de imponer el orden y la ley es tenue y vulnerable. En más de una ocasión reciente (y en diversos casos del pasado) ha  salido a la luz pública  el comportamiento de personajes imbuidos de pasión política  que con descaro se pusieron en evidencia  por  el manejo  de información que a ojos vista había sido  obtenida mediante el espionaje a que recurre usualmente  el oficialismo. El propósito: agredir a adversarios partidistas, maniobras ilegales que en ocasiones el Ministerio Público posteriormente se negó a respaldar. Prueba irrefutable de que la privacidad telefónica puede ser violada con impunidad en este país.

  Queda claro entonces que conllevaría graves riesgos de transgresión  al ámbito privado  el  hecho de que organismos oficiales (débilmente frenados por la ética y por el imperio de  la ley) puedan libremente  ingresar a los archivos que contienen una  diversidad de conversaciones absolutamente personales que no deben trascender sin autorización de sus participantes o  sin una razón de orden público y un fin  judicial validado por la autoridad correspondiente, colocada  al margen de la vileza  y dedicación a  la intriga de algún sector.  Esto que exponemos no dista mucho de lo que  ha opinado el cardenal López Rodríguez; debe aceptarse  el desafío de combatir el crimen cibernético  pero sin invadir  alegremente  la privacidad de los ciudadanos.

Algo falló desde un comienzo

Vidas útiles se han perdido por atropellamientos de tránsito en un tramo de la avenida 30 de Mayo convertido de la noche a la mañana en cruce peatonal inadecuado; a campo raso. Al mismo tiempo, un espacio del litoral  (que solo pertenece a la comunidad) es ahora un área de  estacionamiento para cientos de vehículos de quienes estudian en la Universidad del Caribe.

De esa a trágica situación de hecho no puede culparse en primera instancia  al ayuntamiento, fuera de reprocharle el  que no utilizara preventivamente su autoridad para que  el crecimiento vertiginoso de la universidad no derivara en trágico origen frecuente de accidentes. Pero el Cabildo está en  el derecho de reglamentar el uso de terrenos  de la comunidad y cada establecimiento abierto al público debe ocuparse de crear infraestructuras que  brinden seguridad de acceso a los usuarios y zonas para estacionar vehículos.