A pesar de que existen claras diferencias de estilos y visiones entre los eventuales candidatos del PLD y  del PRD, hasta el momento, ninguno de ellos ha dado contundentes evidencias de que romperá con el entramado de relaciones y de práctica de corrupción y de ineficiencia administrativa.

Hemos llegado a un grado de deterioro institucional y moral del país, de un cúmulos de déficits institucionales que no los resuelve la voluntad de una sola persona, sino un vasto movimiento de gente seria y competente comprometidas con  una refundación del Estado dominicano, para de esa manera romper con ese sistema de relaciones de impunidad, de uso y repartición individual de los recursos públicos que ha tejido nuestra clase política.

Lejos de construir ese movimiento, estos candidatos se mantienen articulando grupos de áulicos que llaman “sector externo”, o recogiendo tránsfugas y crápulas de toda laya, a los que se les ofrecen puestos en la administración pública, contratas para eventuales construcción de obras públicas o la participación en estas a través del alquiler de sus equipos.

No se construye un Estado con niveles de eficiencia y eficacia, si no se aplica de manera rigurosa la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, si se sigue constituyendo gobiernos municipales sobre la base de acuerdos entre “aliados” o facciones partidarias para repartirse los cargos y con un cuerpo de funcionarios electos que se auto asigna recursos para compra de vehículos u otros bienes, con el aval del banco del Estado.

Tampoco con la existencia de varias instituciones como la ODC, Comunidad Digna, Comisión Barrial, Despacho de la Primera Dama, Oficina de Ingenieros  de Obras del Estado, entre otras, que compiten entre sí, asumen funciones que son competencias de diversos ministerios y que sólo existen como lugares para colocar, como forma de pago, a eventuales aliados y/o a miembros del gobierno que no figuran en las ilegales nominillas partidarias, una de grosera forma de perversión de la práctica política.

Poco se puede esperar de un futuro gobernante que no se comprometa a romper con esas prácticas y se comprometa aplicar rigurosamente el artículo 146 de la Constitución, en su numeral tres que dice: “Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente”, que hará una auditoría seria para establecer el costo real de las mega obras del Estado, las compañías participantes y ganancias por su participación en estas o que terminará las enormes, injustas e ilegales pensiones de por vida que se auto asignan algunos funcionarios públicos.

El problema es que si se comprometen con la erradicación de esas prácticas, se estarían enajenando la adhesión de la mayoría de los dirigentes de sus respectivos partidos y este es el nudo gordiano que ninguno se atreve a romper;  de hacerlo, finalmente, también tendríamos políticos presos.

 No solamente banqueros, como dijo un eventual candidato.