Mohamed Abdelaziz gobierna la república Árabe Saharaui Democrática desde 1976. Teodoro Obiang Nguema tiene 36 años en el gobierno de Guinea Ecuatorial. Y si de longevidad en el poder vamos a recordar, José Eduardo Dos Santos, en Angola, controla el país desde 1979. Sin importar las denuncias de corrupción, Paul Biya es el amo de Camerún por más de tres décadas. Yowery Museveni, bajo el ardid de liquidar grupos armados contrarios a los intereses de occidente, tiene 29 años impidiendo la participación de la oposición en Uganda.

Aún en las distancias africanas, esos exponentes de dictaduras revestidas de legalidad tienen un común denominador: sus elecciones gozan de los órganos electorales para validar sus triunfos. Es decir, los excesos de los grupos en el poder y las prácticas de corrupción disuelven los esfuerzos de la oposición, al encontrar un muro institucional, capaz de darle un tinte de legalidad a sus períodos gubernamentales.

Afortunadamente, la combinación de hastío ciudadano y un liderazgo opositor que sabe plenamente asumir su rol, creó las condiciones para desplazar del gobierno a Blaise Compaoré, Mahamadu Tandaja y Abdulaye Wade. Por eso, Burkina Faso, Senegal y Niger reaccionaron ante los intentos de perpetuidad de esos gobernantes de mano dura. Y previniendo los aires democráticos, las constituciones del Congo, Ruanda y Burundi tienen la intención de eternizar a Nkurunziza, Dennis Sassu Nguesso y Paul Kagame en sus respectivos gobiernos. Para eternizarse, se curan en salud dentro del marco legal-institucional.

Esos modelos autoritarios, propios del siglo 18 están descontextualizados, y nuevas modalidades con mayor nivel de elegancia y demagógica apertura, donde el discurso opositor se escucha, pero el esquema de dominación oficial valida sus deseos de perpetuación al tener de su lado un oficialismo que juega con los árbitros a favor, garantizándose resultados previsibles antes de abrir las urnas. Aquí diferimos en la forma, y obtenemos iguales resultados.

En el país, la oposición no debe acostumbrarse a participar en un escenario electoral con los árbitros en contra. Tanto la Junta Central Electoral como los miembros del Tribunal Superior Electoral están estructurados para obrar a favor del partido en el poder. Lo grave consiste en que el liderazgo llamado a romper con ese nudo gordiano piensa que con ruedas de prensa y notas en los medios de comunicación puede crear los niveles de presión que conduzcan a un reacomodo de las fuerzas partidarias expresadas en esas dos instancias y con un claro mandato político. Y ese es un error fatal.

El escenario para reorientar el marco institucional que deberá regular las elecciones del 2016 tiene que construirse en las calles, ante los medios de verdadera vocación democrática, articulando relaciones con los intelectuales y el mundo académico, construyendo alianzas con sectores empresariales y apelando a un sector del PLD, recordándole lo dañino y peligroso para la estabilidad democrática que serían unos resultados electorales validados por órganos desacreditados.

Al que menos le conviene es a Danilo Medina. Fundamentalmente, porque el país conoce de los manejos financieros que operan alrededor de una JCE que, no importa la cantidad de periodistas en su nómina, la ciudadanía ha sido testigo de cómo un ejecutivo de esa institución conseguía igualas y contratas, desempañándose al frente de la institución garante de la diafanidad del proceso. Peor aún, el TSE está totalmente desacreditado y sus miembros son percibidos como un club de filibusteros con la voracidad de recibir sus salarios y pensiones, y con la carga de inmoralidad de hacer de la nómina el refugio predilecto de sus familiares y las pasiones sentimentales. Así se desacredita la democracia, y perdemos todos.