Una maquinaria crecida en obligaciones existe ahora para el país con los dinamizados ejercicios de su Ministerio Público.

La decisión gubernamental de respetar su independencia y respaldarlo en el propósito de superar las limitaciones que generaban impunidad ha pasado a tener un precio mayor en recursos materiales, profesionalidad e idoneidad de los servidores a cargo, que debe ser sufragado con reformulaciones presupuestarias para corregir la insólita disminución de lo que ordinariamente recibía.

Queda expuesto que la nueva Procuraduría General de la República recibió el lastre de deudas millonarias y gastos superiores a sus posibilidades heredados de desaciertos administrativos con una cuestionada y excesiva nómina.

Mejorar su competencia con cambios estructurales y contratación de personal adicional y dotado de apropiadas herramientas para combatir la corrupción y el narcotráfico, con lleva especializar fondos para instrumentar sólidos procesos.

Otros cambios orgánicos deben propiciar la reducción pendiente de la «mora judicial» que sobrecarga de casos a los tribunales y de reos preventivos a las cárceles, dejando sin definición ni justos desagravios conflictos con la ley y entre partes civiles. Justicia tardía, justicia negada.

Existe, a nivel de cortes, un desequilibrio creado institucionalmente que las hace sobrar en unos ámbitos de funciones y a faltar en otros, perdiendo funcionalidad.

Más opciones para detallistas

La importación de bienes para consumo, materias primas e insumos de construcción está encareciendo renglones a través de los medios ordinarios que predominan en el abastecimiento para ventas al por menor.

Los factores inflacionarios que llegan de allende los mares resultan intensificados en sus efectos finales por la intermediación importadora y quienes finalmente pagan los platos rotos son los compradores, incluyendo a los de más bajos ingresos.

Vista la emergencia por trastornos a la economía mundial y al transporte marítimo que genera la pandemia, tiene sentido que los minoristas reclamen el derecho a aprovisionarse directamente fuera del país con posibilidad de transferir a los consumidores una economía de costos ahora que los aumentos de precios resultan una calamidad para los más pobres.