El limitado interés que generó abstención por deplorable culto al presidencialismo no redujo méritos ni mermó las consecuencias legales legitimadoras para la democracia dominicana que resultó del cívico comportamiento de ciudadanos que en cumplimiento del deber antier concurrieron a las urnas en un proceso a cargo de autoridades electorales de reconocida independencia y verticalidad. Como tampoco restaron validez a la consulta aquellos que con aisladas inconductas se extendieron en proselitismos más allá de los límites institucionales o incurrieron en compras de cédulas y votos. Aun mereciendo el tratamiento contencioso que el régimen electoral permita -y que por ningún motivo debe obviarse si son contundentes los indicios- la importancia que se intenta atribuir al resultado final de las votaciones al protagonismo del competidor oficialista está disminuida por la escasez de estrechos resultados de votaciones entre rivales y la claridad de mandatos emitidos en la mayoría de las demografías.
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Por encima del pataleo de absoluto derecho que despliegan los menos favorecidos por la voluntad popular (aunque con lamentables esfuerzos por abultar lo negativo de un sistema electoral que avanza hacia la perfección de sus desempeños) muestra creciente fortaleza una diversidad de entes sociales desvinculados de confrontaciones partidarias que refrendan como triunfo democrático (sin negar sus fallas) el proceso que culmina. La adhesión a la democracia tiene mucha manifestación fuera de partidos.