La nueva generadora de 600 megavatios, cuya construcción fue anunciada por el Gobierno y que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) se apresta a licitar en los próximos días, será manejada directamente por el Estado para conseguir una reducción de los costos marginales que se refleje en las tarifas y beneficie al consumidor.

La planta, que envolverá una inversión superior a los US$1,000 millones, estará integrada por dos unidades de 300 megavatios cada una y será a base de carbón, el carburante más económico de los utilizados a gran escala, con lo que marcaría una nueva generación que equilibraría la matriz de combustibles nacional, que consume un 49 por ciento de fósiles.

Se recuerda que la CDEEE hizo el año pasado una licitación para contratar la compra de energía y que, incluso, precalificó a varias empresas privadas para participar en la escogencia final.

Una fuente del Palacio Nacional informó, sin embargo, que la administración decidió cambiar el proceso y ahora licitará la construcción de la planta por considerar que esto le garantiza un mayor poder de negociación frente a las generadoras existentes, las cuales consumen combustibles caros y le cuestan a la economía  más de mil millones de dólares al año.

El Gobierno considera el aumento de la capacidad eléctrica como una emergencia nacional, y con la nueva planta -que entraría al servicio en tres años- se cubriría la demanda de unos 3,000 megavatios a los  que se espera subirá en el año 2016.

Los expertos del Gobierno estiman que si el Estado asume la construcción de la nueva generadora obtendría por lo menos una reducción del 5% anual en el costo promedio del dinero en comparación con el costo del financiamiento al sector privado para un proyecto similar, y esto se refleja de manera directa en el costo de la electricidad que producen los particulares.

Esto así porque para el sector privado conseguir el financiamiento de una generadora, primero tiene que obtener un contrato de venta de energía a la CDEEE, como garantía para los bancos frente al riesgo de la inversión.

“Aún con un contrato de compra de energía, el costo del financiamiento sería muy alto  y la tarifa al público no bajaría, porque para una operación crediticia como esta los bancos toman en cuenta el negativo histórico de pago de la energía por parte del Gobierno y la población”, dijo.