POR ARTURO MARTÍNEZ M.
Desde el primer gobierno de Clinton el objetivo principal de la política exterior de los Estados Unidos ha sido la expansión del comercio y de las inversiones, lo que inicialmente se conoció como “economicismo”, teoría en la que se apoyaron las administraciones Clinton y ahora la de Bush para impulsar el libre comercio con los países de Asia y América Latina.

Como fracasó el acuerdo global de comercio con América Latina, como alternativa se impulsan los acuerdos bilaterales, y como son entre economías con muchas desigualdades, las de menor desarrollo institucional y económico son los que más pierden en el corto plazo. Con ó sin acuerdo bilateral desde ese primer gobierno de Clinton la política exterior de los Estados Unidos ha sido clara, sus embajadores deben involucrarse en los asuntos internos de los Estados para defender los intereses económicos de las corporaciones norteamericanas. Como fundamento ahí se tienen las declaraciones que en 1993 hizo el primer Secretario de Estado de Clinton, cito a Christopher Warren: “no nos avergonzaríamos de vincular a nuestra alta diplomacia con los objetivos económicos”.

A diferencia de ejecutivos de periódicos, de politicos y de algunos intelectuales dominicanos que se alarman, a mi nunca me ha extrañado que el embajador norteamericano en República Dominicana, el actual ó los que han pasado por el cargo desde 1993, se hayan pronunciado en contra de una decisión soberana adoptada por Decreto en el Palacio Nacional, por una ley del Congreso Nacional, por una resolución de una de las Secretaría de Estado, simplemente hacen el trabajo encomendado. Lo anterior viene a cuento a propósito de las exigencias que hace el gobierno de los Estados Unidos para poner en vigencia el Dr-Cafta. El gobierno y el Congreso Dominicano, y esto lo digo con mucho sentimiento, sin estudiar el impacto económico y social entre consumidores y las inversiones de dominicanos, principalmente en las pequeñas y medianas, aceptan cualquier nuevo requerimiento, sin importar que no tuviera en el texto original; la impresión pública es que se muestran complacientes, de manera genuflexa aceptan los cambios que se les indican, en ocasiones sin permitirse siquiera la oportunidad de una ligera discusión para entender el asunto. Es vergonzante lo que se observa.

Son precisamente los cambios al texto original lo que desinforma y alarma, ahí están como ejemplo los fabricantes locales de productos farmaceúticos, las concesiones que hizo el gobierno dominicano permitirán el monopolio de la industria farmaceútica norteamericana en el mercado local sobre las medicinas para todos los usos, no sólo desplaza inversiones de dominicanos y de extranjeros fundamentales para la salud del pueblo, implicará también aumento de enfermedades y de muertes de personas que hoy pueden adquirir un medicamento a un precio razonable y muy por debajo de su par norteamericano. Por esas concesiones en el futuro será necesario aumentar el presupuesto de salud para atender a esos enfermos, de modo que por donde quiera se vea el asunto implica pérdidas para el país. Los responsables históricos están identificados, son el gobierno y el congreso peledeísta, permitieron que en contra del consumidor dominicano se modificara lo que originalmente se había acordado; que luego nadie se lamente de que los pobres presten oídos a los discursos definidos como demagogos, extremistas ó fundamentalistas, que plantean salidas a los padecimientos mediante cambios radicales en el sistema de gobierno.

Cuando los intelectuales dominicanos comiencen a discutir la razón ó razones que tuvo el gobierno de los Estados Unidos para tantas exigencias y para la genuflexión del gobierno dominicano, en el análisis un papel destacado lo tendrá la falta de una política exterior coherente, porque lo cierto es que un día el país se presenta cercano a Fidel Castro y a Chávez pero al siguiente las evidencias apuntan hacia el pensamiento de Bush, por lo que al final no se está con nadie lo que es grave, porque se pretende estar en el centro de la nada; el confuso comportamiento podría engañar a algunos en el país, pero no a los norteamericanos, con ellos se está ó no se está, lo demás es perderse en la claridad; con la ambiguedad pierde el país y se le falta al Presidente de la República, lo más reciente fue lo que sucedió en Nicaragua, la presencia de República Dominicana fue prácticamente ignorada, el ambiente de izquierda que prevaleció marginó al Presidente Fernández, la televisión y la prensa internacional (la que se captó en República Dominicana) recogieron lo que dijo Daniel Ortega, Chávez, el Representante de Fidel Castro (Vicepresidente de Cuba) y el Presidente de Bolivia, mientras nada dijo de República Dominicana y mucho menos del Presidente Fernández. Al próximo gobierno corresponderá hacer el cambio de politica exterior tomando en cuenta la mala experiencia que se vive.

Vuelvo a la politica exterior de los Estados Unidos. Pidiendo explicación del contenido de la resolución 148, para luego sugerir ó pedir cambios ó su derogación simple, la embajada de los Estados Unidos se dirigió al Secretario de Industria y Comercio, hecho que alarmó a politicos, empresarios y a dirigentes de medios de comunicación, por las implicaciones económicas y sociales de la intromisión, de no haber sido por la rápida respuesta del Secretario de Industria y Comercio pudo crear un conflicto de envergadura en los negocios relacionados con la comercialización interna de los combustibles. La declaración del Secretario llevó tranquilidad a transportistas de combustibles cuando afirmó que de ninguna manera se prestará para derogar la resolución. Me explico para que el amigo lector sepa los detalles.

Desde mediados del 2006, la corporación norteamericana Chevrón Caribbean Inc. aplica en República Dominicana lo que llaman “proceso de optimización del transporte de combustibles”, un título pomposo, llamativo, que se podría prestar a torcer los derechos de sus transportistas. Con el proceso que aplica la Corporación tiene dos objetivos específicos: aumentar su participación en el transporte interno de los combustibles; aplica el concepto indefinido de “optimización” para hacerse de permisos que Industria y Comercio no les dió, permisos que desde hace años explotan inversionistas locales que nunca han expresado interés en salir del negocio. Creo que Chevrón está en su derecho de “optimizar” su transporte, reducir los costos de operación, pero aplicado de manera exclusiva a sus operaciones con permisos otorgados por Industria y Comercio. Los transportistas independientes también “optimizan”, también tienden a minimizar costos para elevar ganancias, el uso del concepto “optimizar” no es exclusivo de Chevrón. Un segundo objetivo que tienen y que  se relaciona con el primero, aplican la política de reducir ingresos a los transportistas que en la primera etapa del proceso no vendan sus derechos, de esa manera los obliga a que tarde ó temprano negocien con Chevrón las unidades y las licencias otorgadas por Industria y Comercio. Recuerdese que al final del proceso el objetivo es tener una flota mayor, de acuerdo con los comentarios que se escuchan más allá del promedio de las demás corporaciones que operan en el mercado local, lo que resulta peligroso porque más que ningún otro producto, la comercialización de los combustibles son propensos a crear problemas cuando se altera el equilibrio entre los agentes que intervienen.

Cómo pretende ejecutar la reducción de ingresos de contratistas independientes?  Aplicando el sofisma de que la tarifa vigente para el transporte interno de los combustibles de tres pesos el galón es un máximo y no un precio fijo que debe pagarse independientemente del que transporte. Industria y Comercio nunca ha dicho que se trata de un máximo, lo contrario en sus resoluciones semanales ratifica que se trata de un precio fijo que debe respetarse, porque el flete lo paga el consumidor, para Chevrón no es un costo que esté sujeto a minimización, eso debe quedar muy claro. Mejor que nadie la empresa lo sabe, pero en el proceso que aplica lo interpreta a su manera, que se trata de un precio máximo sujeto a negociación, y lo hace sólo para hacerse de nuevos permisos y aumentar su renta global. Con ese concepto intenta negociar rebajas entre sus transportistas, pero con la particularidad de que las reducciones de ninguna manera beneficiarán al consumidor, lo que no estaría mal, serán ingresos para Chevrón, el transportista independiente estaría “regalando” ó “transfiriendo” rentas en favor de Chevrón. 

Desde el momento en que se permita que Chevrón-transportista cobre tres pesos el galón y que sus transportistas cobren, por ejemplo, dos pesos con cuarenta centavos el galón, no  hay que ser economista ni experto en optimización para saber que Chevrón desplazará a la mayoría de sus transportistas independientes, lo hará usando de manera deforme lo que en teoría económica se conoce como “política de discriminación de precio” en una rara versión: un mismo producto transportado al mismo lugar tendría dos fletes, tres pesos si llega en el camión de chevron-transportista y dos pesos con cuarenta centavos si llega en el camión de un transportista independiente. El diferencial de 20% en la tarifa significaría ingresos adicionales para Chevrón e ingresos menos para su transportista contratado, lo que no tiene justificación porque las inversiones de ambos transportistas son similares, aplican los mismos conceptos de seguridad y la eficiencia en la entrega es la misma.

El consumidor de combustibles
El proceso que aplica Chevrón, además de la discriminación comentada a sus transportistas, tiene implicaciones sobre el consumidor de combustibles, además de que en la práctica cambia la política de precio y de márgenes de Industria y Comercio. Los consumidores de todas las marcas de combustibles podrían interpretar que pagan tres pesos por galón y como Chevrón lo redujo a dos pesos con cuarenta centavos, pore se motivo se debe reducir el precio de las gasolinas y del gasoil, convirtiéndose en un elemento perverso en la comercialización de los productos. Para evitar un lío, es necesario que Industria y Comercio ratifique que todos los transportistas de esa Corporación deben recibir el mismo precio cuando transporten combustibles, que no se trata de un precio máximo sino de un precio fijo; que cuando se cambie el concepto, de una tarifa fija a una tarifa decidida por el mercado, también abacaría el márgen del detallista y el márgen del mayorista como Chevrón; que la política de precio, como siempre ha sido, deberá decidirla soberanamente el gobierno dominicano a través de Industria y Comercio como lo dispone la ley, mientras tanto nadie sin importar el apellido que tenga puede violar las resoluciones vigentes, las que semanamente son ratificadas cuando se establecen los nuevos precios de los derivados del petróleo, en la tabla se dice que el consumidor debe pagar “tres pesos por galón transportado” y que todos los transportistas recibirán ese precio fijo, ni un centavo más ni un centavo menos.

Con la resolución 148 referida más arriba, Industria y Comercio estableció las reglas para que Chevrón pudiera dejar sin efecto un contrato de transporte, reglas que se entiende llevaron tranquilidad a muchos de sus transportistas, contribuyó a reducir la violencia que se respiraba en el ambiente de los combustibles; por eso, y para evitar nuevas tensiones, fricciones y conflictos en la distribución interna de los combustibles, creo que llegó el momento para que la Secretaría de Industria y Comercio haga otra declaración pública contundente, además de lo que dije más arriba, agregando lo siguiente: que en la distribución de los combustibles nadie puede pretender sustituirle, que el importador es importador, que el mayorista-distribuidor es mayorista-distribuidor, que el detallista es detallista y que el transportista interno es transportista interno, que se deben respetar los negocios de cada una de las partes. Que Industria y Comercio es la que otorga las licencias: la del mayorista-distribuidor; la de el detallista y la del transportista. También fija la cuota de transporte de combustibles por transportista. Una declaración así llevaría más tranquilidad a todos los que intervienen en la comercialización de los combustibles.