Con todo respeto a Su Excelencia

Con todo respeto a Su Excelencia

LEANDRO GUZMÁN
Se atribuye al Nuncio Apostólico de Su Santidad, Timothy Broglio, haber dicho que está en contra de la cadena perpetua para los delincuentes, como ha pedido nuestro Cardenal monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, justo en los momentos en que aumenta la ola de atracos y asesinatos en casi todo el territorio nacional. Específicamente, el Cardenal pidió esa sanción «para crímenes de alta calificación moral». Esos mismos puntos de vista fueron compartidos por el obispo de Santiago, monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, un religioso que siempre se ha caracterizado por la prudencia al exponer sus puntos de vista.

Sin embargo, ahora resulta que el Nuncio de Su Santidad se opone al establecimiento de la cadena perpetua contra los delincuentes, al considerar que su aplicación en otros países ha demostrado que no resuelve el problema de la criminalidad.

En cambio, en coincidencia con el Consultor Jurídico del Gobierno, doctor César Pina Toribio, lo que considera es que hay que promover el fortalecimiento de los valores y la atención de las causas que inciden en el crimen, sobre todo cuando los dos afirman que el país «no esta preparado» para introducir en su legislación ese tipo de sanciones.

Somos pocos lo que dudamos acerca de la necesidad de contribuir a la eliminación de la pobreza, con una justicia social que alcance a los menos pudientes. Somos muchos lo que estamos de acuerdo en la necesidad de mejorar la educación y estimular la unidad de las familias y las sanas orientaciones domésticas. Pero, mientras eso se logra los criminales continúan en las suyas a pesar de los programas barriales de «seguridad ciudadana» y a pesar también de las frecuentes manifestaciones contra la violencia realizadas en distintas ciudades de la República.

Uno se pregunta ¿cuándo llegará la justicia social y cuándo se logrará la unidad de las familias y se fortalecerá la educación doméstica?

Entonces algo hay que hacer. No se puede continuar con la política de guantes de seda contra los malhechores, no importan quienes sean, en una nación donde la democracia, mal que bien, está institucionalizada, de manera que si se aplica la Ley y los jueces cumplen con su deber, no estaríamos hablando ni del Código Procesal Penal, ni de la corrupción judicial, mucho menos del establecimiento de la pena de muerte, ni de la cadena perpetua.

¿Cuál es la diferencia entre un agente policial que se escuda tras un informe para atracar ciudadanos, despojarlos de sus bienes e incluso matarlos, y un malandrín que por robar un celular o una cadena de oro hace lo mismo? Sencillamente, ninguna.

Pero se da el caso de que algunos jueces, amparados en el Código Procesal Penal y detrás de un crucifijo, desertan de su responsabilidad y ponen en libertad a quienes deberían cumplir las condenas que para tales casos establece la Ley, en perjuicio de una sociedad amedrentada y que cada día se aterroriza más con las acciones vandálicas de tantas escorias sociales.

¿Cuál seria la actitud de un juez acostumbrado a aplicar una discutida sujeción «a los textos legales» si le matan un hijo o si le ocurre la desgracia que ahora sufren los esposos Ramírez Faña a propósito del asesinato de su hija Vanessa para robarle un celular? No hay que olvidar que por lo menos dos de los principales acusados habían sido apresados por atracos y robos y sin embargo fueron puestos en libertad alegremente, lo que permitió que volvieran a las calles a repetir sus fechorías.

El embajador Broglio podrá tener sus razones para que en nuestro país, como en muchos otros, no se aplique la cadena perpetua, entre ellos los más desarrollados. Pero el caso es que los dominicanos no podemos esperar más para que se busque una fórmula atemorizadora de los delincuentes, como sería pasarse todo el resto de su vida en una prisión, aunque a veces uno piensa que sería una desgracia tener que mantener a un criminal mientras mantenga su existencia, con el agravante que muchos podrían desde la prisión dirigir su mafias y, en cualquier momento político coyuntural, salir de la cárcel en base a los tradicionales sobornos.

Estamos de acuerdo con el enviado de Su Santidad en el sentido de que hay que fortalecer los valores y atender las causas primarias que dan lugar al crimen, que nos imaginamos son las relativas a la pobreza y la marginalidad. Pero no estamos en España, ni en Italia, donde hace tiempo se comenzó ese proceso y, sin embargo, en ambos países existen no solamente la criminalidad, sino la xenofobia denigrante que a tantos inmigrantes miserables afecta.

En nuestro país hay delincuentes de tan mala calaña que ni que los internen en un campamento de monjes budistas, en el Tibet, se van a regenerar.

Simplemente, su mentalidad está conformada por la violencia y para la violencia, de manera que la Justicia contra ellos debe ser aplicada con todo rigor, aunque conforme a la Ley, sin que los jueces se dobleguen ni pongan en entredicho su conducta cívica.

Hay que poner fin a las actividades delincuenciales de los antisociales, para lo cual todos los dominicanos de buena voluntad debemos mantener una solidaridad permanente a cualquier precio, si es que queremos evitar que llegue el día en que el pueblo se haga justicia por sus propias manos.

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