POR LEONORA RAMIREZ S.
La Ley 136-03 del Código del Menor establece que el gobierno debe entregarle al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) el 2% del presupuesto de gastos públicos, pero esa institución sólo recibe RD$436 millones al año, lo que significa aproximadamente el 0.2% de esa partida que para este año está proyectada en RD$258,000 millones.

En adición a esos recursos a CONANI se les transfirieron RD$18.0 millones que corresponden a los Centros de Atención Integral, las antiguas guarderías, que anteriormente manejaba la Secretaría de Salud Pública y que ahora están bajo la dirección del referido organismo.

La información la ofreció Kirsys Fernández, presidenta ejecutiva del CONANI, quien no aclaró si esos fondos son insuficientes, aunque añadió que a los ayuntamientos también les corresponde dedicar el 5% de su presupuesto a la ejecución de programas de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Tilsa Ares, gerente general de la institución, expresó que los cabildos no tienen que entregarles fondos a CONANI, sino aplicar políticas locales a favor de la niñez pero en coordinación con la institución.

En tal sentido, Alberto Padilla, gerente general de la referida entidad, expresó que la disposición sobre los ayuntamientos es un reconocimiento que la Ley 136-03 les hace a los ayuntamientos, porque hace más de 5 años se trabaja una estrategia con UNICEF que se llama municipio amigo de la niñez.

«Actualmente tenemos un protocolo en el que se han establecido las condiciones para la inversión de ese 5%, para que en cabildos grandes como los de Santiago, San Francisco de Macorís y San Juan de la Maguana, con relación a la cantidad de recursos que recibe, la tarea de CONANI es que tengan orientación de políticas coordinadas con esa institución».

Padilla destacó que hay síndicos que, voluntariamente, invierten más de ese 5% a favor de la niñez, pero todavía no existe una pauta para que se haga de manera coordinada en todos los ayuntamientos del país. En tal sentido, dijo que este año se diseñará una estrategia de intervención para un período de 5 años, con la cual los cabildos tendrán resuelto el tema de la implementación del gasto.

NOMBRE Y NACIONALIDAD

Con relación a la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que crea el Libro de Extranjería para la expedición de partidas de nacimiento a los hijos de extranjeros, a Ares se le planteó si la misma no sería innecesaria, debido a que el Código del Menor plantea, en el artículo 4, los derechos a un nombre y a una nacionalidad. «Las leyes tienen cobertura nacional y cuando se promulgan nadie puede alegar desconocimiento, pero lamentablemente tenemos oficiales del Estado Civil que todavía hablan de la Ley 14-94.

«Cuando la JCE emite una resolución se hace de conocimiento a todos los oficiales del Estado Civil, por eso esta medida viene a reforzar la Ley 136-03», manifestó.