El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) otorgó un plazo de 10 días a los partidos políticos para que remitan su opinión por escrito, con relación a la resolución que dispone una redistribución de la cantidad de diputados en algunas provincias que han experimentado crecimiento poblacional, en virtud de la Constitución de 2010.
Durante la audiencia pública, encabezada por el presidente del organismo comicial, Julio
César Castaños Guzmán, el delegado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Orlando Jorge Mera, planteó sobreseer el tema, a fin de que sea incluido en el proyecto de Ley Electoral que se discute en el Congreso Nacional.

Esto evitaría, según explicó el dirigente político, posibles recursos ante el Tribunal Superior Electoral.
Distribución. Según la resolución a las provincias Barahona, Duarte, Espaillat, Monte Plata, La Vega, San Pedro de Macorís y San Cristóbal se les quitará un diputado para las próximas elecciones.

En ese sentido, para las elecciones de 2020 saldrán electos solo tres diputados en Barahona y Monte Plata; cuatro en Espaillat y San Juan; cinco en Duarte y San Pedro de Macorís, mientras que La Vega y San Cristóbal quedarán con siete y diez, respectivamente.

Estos ocho diputados serían escogidos entonces, siete en la provincia Santo Domingo, que aumentará de 36 a 43; y uno en La Altagracia, de 4 a 5.

El proyecto de resolución redistribuye los 178 escaños de la Cámara de Diputados en base a la población por provincias, según los resultados del último Censo Nacional de Población y Vivienda.
El artículo 81, numeral 1 de la Constitución establece que la Cámara de Diputados estará compuesta por “ciento setenta y ocho diputadas o diputados, elegidos por circunscripción territorial en representación del Distrito Nacional y las provincias, distribuidos en proporción a la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos de dos los representantes por cada provincia.”

Con este artículo, la Constitución de 2010 cambió el criterio de distribución de escaños por provincia, que hasta ese año fue el de un diputado por cada 50,000 habitantes o fracción mayor a 25,000.