El presidente de la comisión de Turismo del Senado, Ramiro Espino, dijo ayer que «tiene problemas» la concesión por 50 años de la infraestructura turística de Samaná, mientras el senador José Tomás Pérez rechazó la negociación entre el Estado y la firma Jampi Investments, S.A.

Espino, quien representa la provincia de Samaná, dijo que el problema fundamental es que la concesión incluye la infraestructura del hotel Cayacoa, de Cayo Levantado, de la marina y terrenos del casco urbano de aquella ciudad.

Manifestó que tiene entendido que el Gobierno habría desistido de la negociación para otorgarle la concesión a una compañía francesa, cuyo nombre no precisó el legislador.

Expresó que el contrato con la compañía francesa sólo se extendería por 20 años y no 50 como dispone el convenio de concesión con la Jampi Invesments, S.A.

Espino manifestó que el Gobierno habría decidido otorgar la concesión a la compañía francesa, la cual, añadió, ya estaría haciendo levantamientos en Samaná para la remodelación de la zona turística.

Según el contrato de concesión que el presidente Hipólito Mejía sometió el 22 de enero al Senado, la Jampi Invesments, S.A., se comprometió a invertir US$200 millones para actualizar la infraestructura turística y urbanística de Samaná.

El convenio precisa que los trabajos incluyen la renovación del frente marino, su paseo actual, el dragado y remodelación del puerto, el saneamiento de la desembocadura del río y la construcción de una marina.

Asimismo, centros comerciales, instalaciones deportivas, apartamentos y hoteles, estación de autobuses y el rescate y acondicionamiento de la playa.

La comunicación mediante la cual el presidente Mejía sometió el proyecto al Senado fue leída en la sesión del 27 de enero pasado y el presidente del hemiciclo, Jesús Vásquez Martínez, remitió el asunto a estudio de la comisión de Turismo, que preside el senador Espino.

Al ser consultado sobre esta operación, el senador del Partido de la Liberación Dominicana, José Tomás Pérez, del Distrito Nacional, dijo que es contrario a toda concesión por más de 20 años.

Tras señalar que no tiene conocimiento sobre los alcances de la concesión, el congresista opositor, pero agregó que, de cualquier forma, es opuesto a que se arrienden bienes del Estado por más de 20 años.