POR DIEGO PESQUEIRA
Las pasadas autoridades dieron concesiones por US$1,200 millones en obras de infraestructuras y vías sin tener un marco jurídico, por lo que representan una estafa e ilegalidad sin importar que hayan sido aprobadas por el Congreso Nacional, planteó ayer el diputado Alejandro Montás.

Dijo que entre las obras contratadas está el sistema ferroviario nacional por valor de US$300 millones, cuyo contratista es Ventura Sili, quien se encuentra preso en Puerto Rico.

Sostuvo que el marco jurídico de las concesiones no existe, situación que dijo, fue omitida por las pasadas autoridades para hacer las concesiones con millones de dólares obtenidos de distintos financiamientos internacionales.

«Todas esas obras, aunque el Congreso Nacional las haya aprobado desde el punto de vista de las concesiones, son ilegales por que no hay un marco jurídico», apuntó.

Sostuvo que muchas de las obras concesionadas con los US$1,200 millones, se encuentran en construcción en la actualidad, pero que la única que avanza es el corredor vial del Este, cuyos recursos están siendo tomados del peaje.

Aclaró que un tramo de esta obra es construido con financiamiento del Banco Mundial.

Indicó que el dinero tomado por las pasadas autoridades habría sido utilizado en la construcción del cruce Santo Domingo-Molenillo-Samaná, donde se invirtieron US$140 millones; el corredor vial del Este, la autopista San Cristóbal-Baní, el cruce de la autopista Duarte-San Francisco de Macorís, entre otros.

Estimó que la situación dejada por el pasado gobierno es tan grave que las autoridades han tenido que rescindir muchos contratos de las obras y terminarlas, seguir o recontratar muchas de las que fueron concesionadas.

«El gobierno pasado es el responsable de este problema jurídico», precisó.

Alegó que el interés de las compañías concesionarias es obtener los contratos, construir la obra, manejar una gran cantidad de recursos y «luego cuando la obra se está terminando o cuando la ejecuta retirarse y no operarla para que la opere el gobierno y asuma el papel de pagar los recursos».

PANAM 2003

Sobre las obras construidas en distintos puntos para los pasados Juegos Panamericanos dijo que está a la espera de los resultados de auditorías que se realizan para esclarecer el manejo de más de RD$6,000 millones.

Montas entiende que se debe realizar una profunda fiscalización sobre la inversión y el impacto económico ocasionado al país.

Aseguró que parte de la crisis económica que afecta al país tiene su origen en los recursos gastados en los pasados juegos Panam 2003.

«No se sabe todavía en el país la cantidad de recursos invertidos en las edificaciones para la celebración de los Juegos Panamericanos ni cuales fueron los montos», apuntó.

Dijo que se especula que sólo las obras costaron al Estado unos RD$6,000 millones se dice el montaje de los juegos costó al país RD$9,000 millones.

Se quejó de que a la fecha, la mayoría de las obras construidas para los Panam 2003, se encuentran abandonadas y «se han convertido en elefantes blancos».

Agregó que el mantenimiento de las obras ninguna institución lo quiere, incluyendo la secretaría de Deportes.

«El mantenimiento de esas obras se chupa el presupuesto de la secretaría de Deportes, entonces habrá que canalizar los patronatos», indicó.

Montás agregó que las obras panamericanas son objeto de mucha preocupación para las autoridades, «que no saben que hacer con ellas».

«Tenemos grandes instalaciones para unos deportistas que no la utilizan», precisó.

Empero, exhortó a las autoridades que protejan cada una de las obras, puesto que son propiedad del Estado.

«Entiendo que el Estado tiene hacer el esfuerzo por protegerlas, cuidarlas y darle mantenimiento y sobretodo darle el uso», declaró.

Manifestó que en el Parque del Este, donde hay instalaciones millonarias, deben realizarse un mayor número de actividades deportivas y recreativas.

PARA TRANSPARENTAR

«La base de sustentación del proyecto de Contratación de Obras, Servicios y Concesiones, está radicada en eliminar la corrupción en base a la transparencia y la democratización en los métodos de adjudicación de obras, servicios y concesiones del Estado», afirmó Montás.

Con el nuevo proyecto de ley, que dijo se encuentra en la Cámara de Diputados, se podrán recuperar e invertir una gran cantidad de recursos, que en la actualidad se pierden por una mala contratación de servicios.

Dijo confiar en que la comisión permanente de Obras Públicas de la Cámara de Diputados dará a la mayor brevedad un informe definitivo del proyecto para que pronto sea una realidad.

Explicó que se elaboró un proyecto que permitirá transparentar la administración pública. «Es un proyecto contra la corrupción».

Relató que tiene siete años trabajando en ese proyecto desde que fue presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores.

«El presidente Leonel Fernández dictó el decreto 200-97 para darle seguimiento al proyecto de ley de Contratación de Obras, Servicios y Concesiones», precisó.

Entiende que resulta cuestionable que todavía en el país este vigente la ley 105 de marzo de 1967, que según su apreciación, legaliza la corrupción a través del grado a grado.

Manifestó que la República Dominicana es el único país donde las obras se realizan grado a grado, lo que perjudica en más de 15% al Estado.

Montás precisó que el artículo 2 de la ley 105 permite una especie de componenda entre el contratante y el contratista.

«Los obras estatales representan por tradición un gran negocio, porque se abultan los precios y se registra un acuerdo entre la parte que contrata y el contratista, lo que produce una gran corrupción, que es permitida por la propia ley 105 de marzo 1967», señaló.

CAMBIOS

Dijo que ha visitado los parlamentos de países latinoamericanos y de Europa para tratar de implementar en el país sus experiencias y mejorar la gestión en favor de la ciudadanía.

Explicó que en los últimos años se han modificado los reglamentos de ambas cámaras.

Dijo que dentro de estas modificaciones se ha establecido una agenda prioritaria, lo que quiere decir que los proyectos de interés nacional son prioridad dentro de la agenda nacional.

«Los proyectos se ponen en la agenda por el orden en que llegan. Anteriormente había mucha corrupción en el Congreso y un estado de zozobra provocado porque los proyectos de leyes se manejaban de acuerdo al interés del presidente de la cámara de diputados de entonces», precisó.

El diputado peledeísta aseguró que en la actualidad la situación ha cambiado, puesto que el Congreso y la Cámara de Diputados tienen otra imagen.

PERFIL

Arquitecto de profesión, egresado de la UASD en el año 1981.

Participó en el desarrollo de la infraestructura física del país por más de 20 años.

Ha sido impulsador, desde el CODIA y el Congreso, de la idea de que el Estado cuente con un ordenamiento jurídico o ley para transparentar las compras estatales, la contratación de servicio y las concesiones. Fue electo diputado en las elecciones del 2002.

Presidente de la Comisión de Obras Públicas en la Cámara de Diputados por espacio de dos años.

Miembro de la Comisión de Reforma y Modernización del Congreso Nacional, por lo cual participó como representante ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile, del 22 al 29 de enero, año 2005.

Ha insistido para que en la Cámara de Diputados se mantengan en la agenda del Congreso los anteproyectos de leyes relativas a la contratación pública de bienes, obras, servicios y concesiones.

Entiende que clarificar las compras y contrataciones públicas permitirá avanzar hacia un crecimiento sostenido y el fortalecimiento de la democracia.

Es presidente del Comité Intermedio 16 de Agosto del PLD.

En el año 2002 obtuvo la precandidatura a diputado por la Circunscripción número 1 del Distrito Nacional, siendo el más votado, con 63% de los votantes.

Miembro de la Comisión Nacional de Finanzas de la campaña electoral del 2004.

Es vicesecretario de Asuntos Profesionales y Gremiales del PLD.