POR ALEIDA PLASENCIA
Frederic Emam-Zadé Gerardino advirtió que de ser firmado y ratificado el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, las concesiones arancelarias que estipula tendrán que ser extendidas a 33 países de la Unión Europea, el Mercado Común del Caribe (CARICOM) y Centroamérica.

Dijo que como la República Dominicana no logró negociar ni insertar las cláusulas necesarias para proteger adecuadamente a los campesinos dominicanos de los subsidios internos que reciben los productores agropecuarios y agroindustriales estadounidenses, tampoco podrá ampararlos con relación a los subsidios que los europeos dan a su producción, «que son mayores aún».

«Hasta ahora los voceros del gobierno dominicano solo se han limitado a afirmar que ni la Organización Mundial del Comercio (OMC) ni el TLC con los Estados Unidos, obligan a nuestro país a extenderle esas concesiones a otros países», señaló. Esto es una verdad a medias -señaló-  porque la realidad es que esas obligaciones no están contenidas ni en los compromisos de la OMC ni en el TLC con los Estados Unidos.

«Este es, como admiten muchos de los técnicos de su equipo negociador «el secreto mejor guardado del TLC, pero la verdad es que los compromisos están plasmados en otros acuerdos ya ratificados y que tienen fuerza de ley en nuestro país y en los demás signatarios», añadió.

Emam-Zadé Gerardino resaltó que el Articulo cinco del capitulo uno del Anexo V del Convenio de Cotonou especifica claramente, sin ambigüedades ni espacio para interpretaciones, que los Estados podrán comprometerse a liberalizar su comercio con otros países en desarrollo sin tener que conferirle beneficios equivalentes a la Unión Europea. Pero establece que cuando un Estado de los denominados ACP se comprometa a liberalizar su comercio con algún país desarrollado, éste (el Estado ACP) estará obligado a extenderle el mismo tratamiento a la Unión Europea, resalta.

Explica que el Estado ACP tendrá entonces ante si, tres opciones. Esta son -dijo- extenderle un tratamiento igualitario a todos los miembros de la OMC, «en coherencia con el principio NMF, Solicitar un «waiver» o dispensa para proveer preferencias reciprocas solo a la Unión Europea, o concluir arreglos económicos que le otorguen concesiones equivalentes a la Unión Europea compatibles con la OMC».

Señaló que por otro lado, los TLC de la República Dominicana y CARICOM, con Centroamérica también establecen en su sus primeros artículos, «que la tasa arancelaria que se le  aplicará a los productos protegidos y excluidos del libre comercio será la tasa arancelaria que ahora será la tasa aplicada a las importaciones de esos productos cuando sean provenientes de los Estados Unidos».

Añadió que éstas y otras normas las conocen los técnicos dominicanos que participaron en estas negociaciones recientemente, pero sus opiniones expertas fueron ignoradas, rechazadas o censuradas. Añadió que después de un proceso de negociación que se ha caracterizado hasta el final por su escasa transparencia y por la procuración de intereses políticos y económicos por encima del interés nacional y ante la eminente firma y ratificación «al vapor» de TLC con los Estados Unidos, «el secreto mejor guardado de las negociaciones del TLC» debe ser revelado y diseminado, sin temor a las retaliaciones que ya no podrá efectuar en contra de nadie el gobierno saliente».

Dijo que las concesiones arancelarias hechas en ese tratado deberán extenderse a la Unión Europea, CARICOM y Centro América sin las cláusulas necesarias para proteger adecuadamente a los campesinos dominicanos.

«Los productores nacionales agrícolas e industriales se merecen conocer estas verdades para poder adaptarse cuanto antes a esta nueva realidad y/o para hacer valer oposición al mismo ante las instancias correspondientes en el Congreso Nacional», dijo. Agregó que los legisladores, sobretodo los que representan las comunidades rurales que más serán perjudicadas, que son la mayoría, deberán procurar los más altos intereses nacionales que no procuró el Poder Ejecutivo y de lo contrario, en mayo del 2006, los campesinos y empresarios agropecuarios dominicanos le pasarán factura.