MIAMI (AFP).- El proceso judicial para deportar al anticastrista Luis Posada Carriles de Estados Unidos concluyó el lunes y un juez le dio a la Fiscalía dos semanas para presentar su oposición a que permanezca en el país, tras lo cual se tomará otras dos semanas para emitir su fallo, dijo a la AFP un portavoz de los servicios de inmigración.

   «Lo que ocurrió es que la defensa terminó (su caso), el juez le dio al gobierno (Fiscalía) 14 días para presentar su oposición en un escrito (…); entonces dentro de 14 días después de eso espera tomar una decisión», dijo Greg Gagne, de la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria (EOIR) en Virginia (este).

   Inicialmente Gagne había dicho que el juez migratorio William Abbott decidiría dentro de 14 días si deportaba a Posada Carriles, pero luego aclaró la información.

   El abogado de Posada Carriles en Miami, Eduardo Soto, no contestó de inmediato llamadas para comentar el caso.

   Posada Carriles, de 77 años de edad, está detenido en una instalación migratoria en El Paso (Texas, suroeste) desde su captura el pasado mes de mayo en Miami, donde reapareció tras retirar una solicitud de asilo político y ofrecer una conferencia de prensa clandestina.

   Había entrado ilegalmente a Estados Unidos en marzo, supuestamente por la frontera con México, y las autoridades estadounidenses solicitaron su deportación por no estar legalmente en el país.

   El juez Abbott dijo a finales de agosto en una de las audiencias migratorias que la única alternativa que tenía, si decidía deportarlo, era enviarlo a Venezuela, de donde es ciudadano.

   Venezuela lo busca por haberse fugado en 1985 de una cárcel cuando aún estaba sometido a proceso por el atentado con bomba contra un avión comercial cubano en 1976, que mató a 73 personas, ejecutado supuestamente desde Caracas.

   Aunque había sido exonerado en los tribunales, su caso estaba pendiente de ratificación en un tribunal de mayor instancia.

   Posada Carriles pidió nuevamente en El Paso el asilo político alegando que había trabajado con la CIA y en defensa de los intereses estadounidenses durante tres décadas, pero luego retiró la solicitud.

   Sus abogados intentan desde entonces detener o retrasar su deportación aunque no sea elegible para quedarse en el país, amparados por la Convención Internacional contra la Tortura y alegando que será torturado en Venezuela si lo deportan.

   En un comunicado de prensa, la embajada venezolana en Washington reiteró que el caso «revela la doble moral de la administración (del presidente George W.) Bush en la denominada guerra contra el terrorismo», y afirmó que si el anticastrista es extraditado se le garantizarán sus derechos.

   El «procesamiento ni es persecución ni es tortura, indicó la embajada, y evitar el envío de Posada Carriles a Venezuela por temor a que sea torturado «es convertir cínicamente un instrumento internacional concebido para proteger a víctimas (…) en un instrumento para darle refugio a un terrorista».

   Sus defensores temen, además, que sea enviado de Venezuela a Cuba, donde es acusado por atentados contra hoteles en La Habana en 1997, con un muerto, y múltiples atentados con bomba contra intereses cubanos en el extranjero durante los años setenta, en conexión con la CIA.

   En 2000 también fue detenido y condenado a ocho años de cárcel en Panamá por intentar asesinar al presidente cubano, Fidel Castro, en una Cumbre Iberoamericana, pero fue indultado por la presidenta Mireya Moscoso en 2004 y desapareció hasta mayo pasado.

   Existe la posibilidad de que el anticastrista no sea deportado ni liberado, quedando en un limbo jurídico como dos ex militares venezolanos buscados por Caracas por los atentados con bomba contra las embajadas de España y Colombia en esa capital en 2003, que pidieron asilo en Estados Unidos.

   Un juez migratorio de Miami rechazó el pasado mes de febrero otorgarle a los militares José Antonio Colina y Germán Varela el asilo político, pero tampoco los quiso deportar a Venezuela alegando que serían objeto de persecución en el país.

   Desde entonces permanecen encarcelados en instalaciones migratorias en Florida.

   Gagne agregó que cuando el juez emita su decisión final dentro de 28 días, la misma estará sujeta a apelación en la Junta de Apelaciones de Migración, un organismo ejecutivo en Virginia que revisa el proceso a puertas cerradas.