Hoy 
POR PEDRO GERMOSEN
La primera legislatura ordinaria del 2004, prorrogada por 60 días, concluyó ayer y el Congreso quedó a la espera de que el Poder Ejecutivo convoque a una legislatura extraordinaria para continuar el conocimiento, entre otros asuntos, del controvertido proyecto de reforma fiscal.
El presidente Hipólito Mejía declaró que haría la convocatoria especial, pero hasta ayer tarde no había emitido el decreto necesario para tales fines.
En los últimos dos días de vigencia de la primera legislatura ordinaria de este año el Senado y la Cámara de Diputados ratificaron las observaciones del mandatario a la ley sectorial de Areas Protegidas.
Quedaron pendientes en la Cámara de Diputados, entre otros, además del proyecto de reforma fiscal, el de Registro Inmobiliario, original de la Suprema Corte de Justicia, y otro que dispone un aumento general de salarios del 30 por ciento.
Esta iniciativa es original del diputado reformista Héctor Enrique Mora Martínez.
También quedó sin sancionar en la Cámara Baja el proyecto que modifica la ley del Estado Civil a fin de permitir a los pastores evangélicos oficiar matrimonios.
Una convocatoria extraordinaria, como espera el Congreso, permitiría al Congreso continuar el estudio del proyecto de reforma fiscal.
Sin embargo, si esta eventual convocatoria, que podría hacerse hasta el día 15 de agosto, concluye sin que la pieza sea convertida en ley, la misma perdería vigencia y tendría que ser reintroducida a partir del 16 de agosto, cuando inicia la segunda legislatura ordinaria del año.
Respecto a esta pieza legislativa, el vocero del bloque senatorial oficialista, Tommy Durán, de Puerto Plata, advirtió que si la misma no incluye medidas de compensación en beneficio de los sectores más empobrecidos, no será aprobada por el Senado.
Precisó que junto a los impuestos que contiene la reforma fiscal debe ser consensuado un aumento de sueldos para los sectores público y privado.
Durán significó que los salarios han perdido gran parte de su valor adquisitivo como producto de la inflación, la devaluación del peso y las alzas exageradas de precios de los comerciantes.
Indicó que un incremento del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) del 12 al 16 por ciento, como propone la reforma fiscal, sería un golpe demoledor contra la población, a menos que se produzca, concomitantemente, puntualizó, un aumento salarial.
