Condena saludable para la nación

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Más allá de todo sentimiento humano, la condena definitiva de los principales responsables del fraude del Banco Intercontinental (Baninter) contiene una lección de enorme valor para la salud de la nación dominicana, por cuanto reivindica el principio de  que nadie está por encima de la ley y porque ya no se puede contar con la impunidad.

No era posible que quedara sin sanción el mayor fraude de la historia en términos proporcionales, con un costo de 74 mil millones de pesos cubiertos por el Banco Central, equivalentes a más del 20 por ciento del producto bruto interno y a casi el 90 por ciento del presupuesto nacional del 2003 cuando se denunció,  y que según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo empujó a millón y medio de dominicanos a los niveles de pobreza.

Si la nación hubiese tenido la fortaleza para sancionar los fraudes bancarios y financieros de la década de  los ochenta, probablemente no se habrían producido los descalabros del Baninter del Banco Nacional de Crédito y el Banco Mercantil, ni los desfalcos denunciados posteriormente en el Banco del Progreso.

Los seres humanos equilibrados no pueden celebrar la desgracia de otros, ni siquiera la de los que más daño causan a la sociedad, pero en el caso Baninter  hay que ponderar lo que implica de avance en la justicia y en la institucionalidad democrática el que se haya podido llegar a la sanción.

Es ponderable la firmeza con la que las anteriores y actuales autoridades monetarias insistieron en llevar el caso hasta las últimas consecuencias, resistiendo presiones mayúsculas, diatribas y hasta incoherencias de otros estamentos del Estado. 

La sentencia ratificada por la Suprema Corte de Justicia compensa los esfuerzos de la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad creada para promover sanción de los fraudes bancarios y sostenida contra viento y marea por algunas organizaciones sociales y alienta esperanzas de nuevos hitos en el proceso de fortalecimiento de la justicia.

Hay que convenir, sin embargo, en que la presión internacional ha sido un factor determinante en que se llegara a ese nivel de justicia. Es obvio que esta nación todavía precisa de muletas externas para mantenerse en pie y crecer. Sin las firmes demandas de sanciones para los fraudes bancarios del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, de numerosos  funcionarios y diplomáticos de Estados Unidos y de los embajadores de España, Francia, Italia y Gran Bretaña, la impunidad habría vuelto a predominar.

Y no es que hubiese una conspiración internacional como algunos interesados alegan, ni que se quisiera victimar a algunos relevantes ciudadanos. Es que el daño causado a la sociedad es de una magnitud que de ninguna forma podía quedar en la impunidad.

Por encima de poderes tradicionales, y de la mezquindad política que intentó ocultar la realidad, en el caso de Baninter ha prevalecido la justicia. Aunque no en las proporciones que los códigos establecen y pese a que tardó cinco años, se impuso la sanción del inmenso fraude.

Quedan pendientes los otros casos, los cuales deberían culminar también en las sanciones correspondientes. Lo demanda la salud de la nación.