BUENOS AIRES (AFP).- El ex policía Julio Simón, de 65 años, fue condenado el viernes a 25 años de prisión por la desaparición de un matrimonio, el robo de su beba y torturas durante la dictadura argentina (1976-83), en la primera sentencia judicial desde la anulación de las leyes de amnistía en 2003.

El Tribunal Oral Federal Número 5 condenó al ex represor, también conocido como El Turco Julián, por ser coautor penalmente responsable por la privación ilegal de la libertad doblemente agravada en forma reiterada, imposición de tormentos en perjuicio de perseguidos políticos y de ocultación de una menor.

Simón, divorciado y padre de tres hijos, fue hallado culpable del secuestro y desaparición de Gertrudis Hlaczik y su esposo chileno, José Poblete, quien era lisiado, además de la apropiación de Claudia, la hija de ocho meses del matrimonio, en un hecho cometido el 28 de noviembre de 1978.

Visiblemente conmovido, con la voz por momentos quebrada y la hoja del fallo temblándole en la mano, el presidente del Tribunal, Luis di Renzi, leyó la condena, que despertó aplausos entre los presentes.

Vas a morir en la cárcel, gritó alguien del público, que fue rápidamente acallado, mientras los familiares de las víctimas y representantes de organismos humanitarios se abrazaban y lloraban por un fallo que consideraron histórico.

Julio Simón, que estaba detrás de un vidrio transparente, no alzó la vista para mirar al público durante toda la audiencia. Vestía un pantalón gris y buzo azul, la misma ropa que había usado el 27 de junio en la apertura del juicio, constató la AFP desde el lugar destinado a los cronistas.

Alcira Ríos, abogada de las víctimas, dijo a la AFP que en principio el fallo no sería apelado, porque el objetivo es la búsqueda de verdad y justicia, pero no de venganza.

La querella había pedido una condena de 50 años de cárcel efectiva, pero la fiscalía reclamó solo 24 años y medio de prisión, mientras la defensa pidió la absolución.

Ana María Careaga, ex detenida e hija de una de las fundadoras de la organización Madres de Plaza de Mayo, señaló que el fallo es positivo porque se condena por primera vez luego de la anulación de las leyes de impunidad, pero es resultado de años y años de lucha.

Sin embargo, la directora del flamante Instituto para la Memoria criticó la sentencia. Este hombre de sobrada brutalidad y símbolo de la represión, es condenado solo a 25 años, cuando la querella pidió 50 y el fiscal Pedro Perotti, quien está sospechado de haber participado de torturas en dictadura, pidió 24 años y seis meses, dijo a la AFP.

Los abogados destacaron que el fallo sienta precedentes en otras causas pendientes tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y que los jueces ratificaron que los crímenes de guerra y lesa humanidad son imprescriptibles.

Otro de los abogados presentes, Horacio Méndez Carreras, representante del gobierno francés, recordó a la AFP que Julio Simón había sido visto y reconocido por testigos como vinculado también al secuestro y desaparición de Pablo Tello, uno de los 15 franceses desaparecidos en Argentina.

La última audiencia del juicio despertaba alguna expectativa entre los familiares de las víctimas, que suponían que el acusado iba a usar su derecho a la palabra y revelar el lugar donde había sido enterrado el matrimonio, pero finalmente optó por el silencio.

En la primera audiencia se proyectó una entrevista periodística realizada la década pasada, en la que el acusado admitió haber secuestrado y torturado.

Acelerábamos el interrogatorio mediante la tortura con shock eléctrico en los centros clandestinos de detención El Olimpo, El Banco y Club Atlético de la capital argentina, dijo por entonces el ex policía.

En el momento de su secuestro, Poblete, de 23 años, trabajaba en una fábrica. Había perdido sus piernas en un accidente de tren en Chile a los 16 años, por lo que usaba piernas ortopédicas que no tenía puestas el día de su secuestro.

La niña secuestrada, ahora de 28 años, recuperó su identidad y está en contacto con la familia de sangre, pero no participó del juicio.

La causa fue caso testigo para la anulación en 2003 de las leyes de aministía sancionadas a fines de los 80, lo que permitió reabrir causas contra militares y policías acusados de crímenes durante la dictadura, que dejó 30.000 desaparecidos, según organismos humanitarios.