Bogotá, (AP).-  Un tribunal condenó administrativamente al Estado colombiano por “las fallas” cometidas por la policía y que desembocaron en un atentado de las FARC que les costó la vida a 10 civiles y heridas a 70, se informó el jueves.   El fallo dispone que el Estado pague al menos 700.000 dólares a parientes de las víctimas.  

La madrugada del 7 abril de 2002 rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) accionaron un artefacto explosivo de bajo poder en la ciudad de Villavicencio, capital del departamento de Meta y a unos 75 kilómetros al sureste de Bogotá.   

Ese petardo no dejó víctimas, pero cuando la policía acudió al sitio de la explosión fue activado entonces un carro-bomba que les causó la muerte a 10 personas, entre ellos cinco menores de edad.  

En una decisión adoptada el pasado 30 julio, pero que sólo hasta esta semana les fue notificada a las partes, la jueza Gladys Pulido consideró que “con el actuar legítimo de la policía nacional de hacer presencia en los lugares donde se perturbe la convivencia pacífica, se creó un riesgo excepcional para la población civil que se encontraba en el sector” de los dos atentados.  

Ese “riesgo excepcional” se produjo “por cuanto al usarse un artefacto explosivo de pequeño poder como señuelo para llamar la atención de la fuerza pública”, los civiles “tuvieron que soportar las consecuencias de una segunda carga explosiva de mayor intensidad”, sostuvo la jueza en su fallo, al que tuvo acceso la AP.  

En la sentencia de 29 páginas, Pulido afirmó que “el acto terrorista no estaba dirigido contra la población civil, sino (que) se trató de un hecho criminal perpetuado (sic) por miembros del grupo insurgente FARC”.  

En consecuencia, Pulido condenó al Estado colombiano a pagarles unos 709.000 dólares a los familiares de seis de las diez víctimas mortales.   Los parientes de las otras cuatro víctimas o demandaron por separado o no lo hicieron.   La indemnización será reclamada por 34 personas que legalmente acreditaron ser familiares de los muertos.  

En la misma decisión, Pulido transcribió un informe presentado en su momento por expertos antiexplosivos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), o la policía secreta, en el que se concluyó que “el método terrorista” utilizado por las FARC en Villavicencio “es propio del Ejército Republicano Irlandés IRA y consistente en hacer una llamada dando aviso de la colocación o existencia de un artefacto explosivo… atraen la atención de la gente y de las autoridades (y) minutos después…activan una segunda carga explosiva”.  

Javier Villegas, abogado de algunos de los familiares del atentado en Villavicencio, dijo telefónicamente que la condena al Estado era “más que previsible por cuanto la policía no tomó las medidas del caso tras la primera explosión, como evacuar o acordonar la zona” donde se produjo la activación del carro-bomba.  

La decisión de Pulido es apelable y para este viernes esta previsto una reunión en el juzgado entre abogados de las víctimas y delegados de la policía en la que las partes o lleguen a un acuerdo de conciliación o la fuerza pública anuncie si apela el fallo ante un tribunal superior de Villavicencio.