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Tras cinco años en los tribunales, tres de los seis acusados de desfalcar al Seguro Médico para Maestros (ARS-Semma), por más de 500 millones de pesos, fueron condenados a tres años de prisión.
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tras considerar que el Ministerio Público mostró “parcialmente” su acusación en contra del grupo, en consecuencia y en base a la auditoría que realizó la Cámara de Cuentas dictó tres años de reclusión contra Bélgica Olga Díaz Moreno, exencargada de la Dirección de Educación de la aseguradora; Marcelino Rijo Guzmán exdirector administrativo y financiero, y Eddy Leonardo Terrero Fermín, exencargado del Departamento de Auditoría.
A los tres se les encontró culpables de los delitos de prevaricación, concusión y desfalco en perjuicio de la ARS y el Estado dominicano.
En tanto que fueron descargados Fernando Adriano Conde Modesto, exdirector Médico del Seguro; Simón Bolívar Cepeda Mena, abogado-notario, y Anyelo Salazar Hernández, suplidor, por no poderse demostrar culpabilidad.
Además de la prisión, fueron sentenciados a pagar una multa ascendente a la suma de 500 mil pesos cada uno en favor del Estado dominicano y a la devolución a la aseguradora de 1,001,893 pesos en el caso de Marcelino Rijo; de forma individual y de manera solidaria este y Eddy Terrero Fermín, el monto de RD$64,235,081. En cuanto a la señora Bélgica Díaz, la suma de 1,657,625 pesos.
También, tendrán que pagar cinco millones de pesos cada uno como indemnización y reparación de daños al Semma.
Como pena accesoria el tribunal dispuso la degradación cívica, únicamente en sus derechos a elegir y ser elegidos así como su exclusión para cargo y empleo público, por el mismo período de la pena.
La decisión fue tomada a unanimidad por los jueces Rafael Pacheco, Franny González y Aylin Ventura.
Al grupo se acusaba de irregularidades en pagos millonarios por servicios no prestados, según la auditoría de la Cámara de Cuentas al período 2006-2010.
Ese mal manejo en los fondos devino en una crisis financiera que llevó a clínicas, hospitales y laboratorios a suspender los servicios a los maestros y familiares, alegando falta de pago.
María Teresa Cabrera, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores valoró la intención de sancionar los hechos.
