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El Congreso Nacional fue apoderado de una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que condena al Estado al pago de RD$143.7 millones a los afectados por la expropiación de inmuebles en la provincia Espaillat y que dispone, al efecto, la inclusión de la suma en el Presupuesto General del Estado del 2013.
La sentencia establece que deberá pagarse, además, RD$5,000 por cada día de retardo en el cumplimiento del pago a los afectados a partir de los 30 días de la aprobación del nuevo Presupuesto.
Precisa que se adeuda la suma por concepto de indemnización que se deriva de la declaratoria de utilidad pública y consecuente expropiación realizada mediante el decreto 136-06, del 27 de marzo de 2006, de tres parcelas y 12,690.58 tareas ubicadas en El Catey, el distrito municipal de San Víctor, propiedad del señor Oliver Arnaldo Cromwell Arthur López, amparadas bajo los certificados de títulos 70, 71, 56 y 7, emitidos por el Registrador de Títulos del Distrito Judicial de La Vega.
La sentencia, de fecha 28 de septiembre de este año, beneficia a decenas de herederos del finado Cromwell López, que elevaron un recurso de amparo.
El recurso fue interpuesto por Alba Nereyda Arthur Joaquín contra el Estado, representado, expresa la sentencia, por el entonces presidente Leonel Fernández y los presidentes del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán.
Además, señalan como partes del Estado a los ejecutivos de los ministerios de Hacienda y de Agricultura, el Instituto Agrario Dominicano y la Dirección General de Crédito Público. La sentencia fue dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo integrado por los jueces Mildred I. Hernández G., presidente en funciones; Ileana Gabriela Pérez García y Sergio A. Ortega.
Disposición. La sentencia ordena al presidente Fernández, Pared Pérez, Abel Martínez, Daniel Toribio, Luis Hernández, Edgar Victoria y a los ingenieros Juan Rodríguez Ramírez y Salvador Jiménez, deducir, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 86-11, sobre disponibilidad de los fondos públicos, de la partida presupuestaria que corresponda la suma de RD$143.7 millones que adeuda el Estado por la indemnización a los herederos de Arthur.
Otro caso en Santo Domingo Oeste
El Tribunal Superior Administrativo ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales indemnizar con la suma de RD$2,000,000 a Luz Esperanza Meyreles, por concepto de la expropiación de un solar de 446 metros cuadrados ubicado en el sector de Engombe, en Santo Domingo Oeste.
La expropiación se hizo para dar paso al parque Mirador del Oeste, Ruinas de Engombe, parte del que está ubicado en antiguos terrenos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), academia de la que Meyreles es profesora jubilada. Cuenta que en 1989 la UASD, decidió pagar una deuda contraída con los servidores universitarios, convirtiendo una fracción del costo en un solar en el sector de Engombe, de su propiedad.
Cada terreno fue asignado bajo contrato de compraventa a cada servidor que debió pagar todo el proceso más en cuotas sucesivas restantes del solar, según explica Meyreles.
Detalla que, transcurridos más de 18 años, el Ministerio de Medio Ambiente decidió expropiar los terrenos para el parque.
Indicó que acudió a Medio Ambiente en febrero de 2010 para demostrar la propiedad del terreno y para que le paguen su valor. No obstante, la entidad la remitió ante el Poder Ejecutivo a realizar el reclamo, que considera justo por ser fruto de su trabajo. Dijo que luego de intentos en vano de ser recibida por los ministros de Medio Ambiente, decidió acudir a los tribunales para que se reconozcan sus derechos. La sentencia fue emitida el 30 de agosto pasado.
Meyreles apuntó que aunque ha tenido ganancia de causa, mantiene su posición de dar fin amigable a la litis en caso de que el ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, se digne recibirla.
