MADRID (AP).- El ex oficial de la armada argentina Adolfo Scilingo fue condenado el martes a 640 años de cárcel por un tribunal español por lanzar detenidos desnudos y drogados desde aviones durante la dictadura militar en su país.

Un panel de tres jueces dijo que Scilingo, de 58 años, participó activamente en la «guerra sucia» para aplastar a la disidencia izquierdista durante la dictadura militar argentina de 1976-1983.

Scilingo fue sentenciado en el primer juicio realizado en España por violaciones de derechos humanos cometidos en otro país. La ley española dice que los crímenes contra la humanidad pueden ser procesados en este país inclusive si fueron cometidos en otro.

Scilingo había confesado que participó en «vuelos de la muerte» en los cuales detenidos desnudos y drogados fueron arrojados desde aviones durante la dictadura militar en su país. Sin embargo, posteriormente se desdijo e indicó que lo había dicho sólo para llamar atención sobre el caso.

Familiares y amigos de personas que fueron asesinadas durante la dictadura militar argentina se abrazaron entre sí en el tribunal tras oír el veredicto del martes. Algunos tenían fotografías de familiares desaparecidos pegadas a sus ropas.

Scilingo se mostró impasible y escribió notas mientras era leído la sentencia. Su abogado dijo que apelará ante la Corte Suprema de España.

Scilingo viajó a España en 1997 de manera voluntaria, a fin de prestar testimonio ante el juez Baltasar Garzón, que investigaba atrocidades presuntamente cometidas por los regímenes militares de Argentina y Chile. Admitió al principio haber participado en los llamados «vuelos de la muerte» en los cuales 30 detenidos, drogados y desnudos, fueron arrojados de aviones por militares argentinos.

También dijo que estaba enterado de otras atrocidades cometidas en la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los más notorios centros de tortura y asesinato de presos políticos ubicado en una zona aledaña a Buenos Aires.

Posteriormente, el juez Garzón, que investigaba los presuntos crímenes, ordenó el encarcelamiento y proceso de Scilingo.

Durante el juicio, Scilingo insistió en que había inventado su testimonio a fin de provocar una investigación sobre la «guerra sucia» en Argentina.

Pero el martes, un panel de tres jueces determinó que Scilingo era culpable de crímenes contra la humanidad, y lo condenó a 21 años de cárcel por cada una de las 30 personas arrojadas desde aviones. También recibió cinco años adicionales de prisión por torturar presos, y otros cinco años por detención ilegal de personas.

La fiscalía había pedido que Scilingo fuese condenado a 9.138 años de cárcel.

El abogado Carlos Slepoy, que representó a familiares de víctimas argentinas, dijo que se trataba de «un dictamen histórico» que «allana el camino para procesar a otros criminales de la ‘guerra sucia’. También servirá de estímulo para que la justicia argentina procese a personas» en la nación sudamericana.

Otro sospechoso de haber participado en la desaparición y asesinato de disidentes en Argentina, Ricardo Miguel Cavallo, fue extraditado de México a España en el 2003 a solicitud de Garzón y también está librando una batalla legal para evitar ser llevado a juicio.

Luego del veredicto contra Scilingo, Enrique Borcel, de 60 años, un argentino que dijo haber sido secuestrado y torturado durante el régimen militar, señaló que no importaban los años de condena a que había sido sometido Scilingo.

«Lo importante es que Scilingo fue procesado y condenado», indicó Borcel, que ahora vive en España. «La evidencia contra (Scilingo) fue suficiente. Sus alegaciones y mentiras», negando haber participado en los asesinatos, «no lo fueron».

Por su parte Fernando Martínez Morata, abogado de Scilingo, dijo en marzo, durante los días finales del proceso, que su cliente había sido el chivo expiatorio de crímenes más amplios cometidos en la Argentina.

Las autoridades argentinas calcularon en unas 13.000 las personas asesinadas o desaparecidas durante la dictadura militar. Muchas de ellas fueron secuestradas en las calles de Buenos Aires o detenidas en centros de torturas antes de ser ejecutadas. Algunos grupos de defensa de los derechos humanos calculan que los muertos ascienden a 30.000.