Higüey, La Altagracia. El Ministerio Público logró que fuera dictada una condena de 30 años de reclusión y el pago de 500 salarios mínimos contra una mujer a la que se acusó de cometer los delitos de incesto, actos de torturas y barbarie, así como de abuso sexual, en perjuicio de su hija de siete años de edad.

La condena fue impuesta por el Tribunal Colegiado contra la imputada Mirka Rosario, quien también fue acusada de incurrir en actos de explotación sexual comercial, fotografiar y filmar menores de edad y de pornografía infantil contra la menor, cuyo nombre se omite por razones legales.

“La imputada, que fue apresada el día 25 de abril de 2013, sostenía relaciones incestuosas con su hija, además la fotografiaba, la grababa desnuda con un celular, enviaba imágenes y videos pornográficos vía la internet a personas en el extranjero a cambio dinero”, expuso el Ministerio Público durante el desarrollo de la audiencia.

De igual manera, estableció que si la niña se rehusaba a la acción, la imputada la amarraba a la cama desnuda, la golpeaba, y procedía a cometer prácticas sadomasoquistas.

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, aseguró que el Ministerio Público sigue firme en su lucha contra las diferentes manifestaciones de abuso que se cometan en contra de los niños y adolescentes.

“El Ministerio Público será drástico en solicitar que se impongan penas máximas contra todas aquellas personas que cometan abusos en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes, que impidan su desarrollo y que ocasionen daños físicos y mentales; no toleramos ese tipo de acciones y pondremos todo nuestro empeño para que se castiguen de manera ejemplar”, manifestó el Jefe del Ministerio Público.

La Procuraduría Fiscal de La Altagracia, que dirige Edwin Encarnación Medina, estuvo representada en la audiencia por el procurador fiscal Daniel Alberto Robles Nivar, quien también tuvo a cargo la investigación del caso desde el principio, conjuntamente con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.

Mientras que el tribunal estuvo integrado por los jueces Sagrario del Río, Vicente Marte y Domingo Duvergé, quienes declararon como buenas y válidas las diferentes pruebas aportadas por el Ministerio Público, y en consecuencia dictaron la pena máxima en contra de la inculpada.