El Foro Feminista presidido por Magaly Pineda expresó este martes su indignación y enérgico rechazo a la política de terror impulsada por el presidente Luis Abinader que está siendo implementada por el Servicio Nacional de Salud SNS y la Dirección General de Migración, que niega atención médica y los hace sujeto de deportación inmediata a personas migrantes en la República Dominicana por carecer de documentos migratorios.
A continuación el comunicado íntegro enviado por la entidad sobre el tema:
El derecho a la salud es un derecho humano universal. Su ejercicio no puede estar supeditado al estatus migratorio de las personas, ni puede depender de la nacionalidad, género, raza, edad, o cualquier otra condición. En República Dominicana, el derecho a la salud está protegido por la Constitución y leyes como la 42-01 y la 87-01. Estas garantizan acceso equitativo y continuo a servicios de calidad para toda la población, incluyendo personas migrantes. El Estado tiene el deber de asegurar cobertura médica sin discriminación.
Ese protocolo, además de vulnerar el derecho humano a la salud de personas muy vulnerables, expone a toda la sociedad dominicana al hacer menos eficiente el sistema de salud. Al perseguir a quienes necesitan y buscan atención médica, se incrementan las complicaciones y con eso la demanda de servicios de emergencia, hospitalización y de alta complejidad. Además dificulta el monitoreo de enfermedades transmisibles, como tuberculosis, malaria o VIH y sida, ya que muchas personas evitarán acudir a los centros de salud por miedo a ser detenidas, lo que favorece la expansión de estas patologías.
Reconocemos el derecho del país a implementar una política de control migratorio, pero exigimos una que sea ética, ordenada y sin violaciones de derechos humanos. Este protocolo es una práctica violenta que contradice la Constitución Dominicana y los tratados internacionales suscritos por el Estado, criminaliza la pobreza, profundiza la exclusión y expone a mujeres, niñas, niños, personas migrantes, personas racializadas y personas sin documentación, a riesgos letales, especialmente durante emergencias médicas.

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Mujeres embarazadas: víctimas de una doble violencia
Denunciamos con horror casos en los que mujeres gestantes son detenidas o deportadas, separadas violentamente de sus hijos e hijas recién nacidos. ¿Qué ocurre con las mujeres en trabajo de parto enviadas y retenidas en centros de detención migratoria? ¿Reciben atención médica oportuna? ¿Qué ocurre con los recién nacidos? ¿Quién les protege? ¿Acaso el Estado avala el abandono institucional o, peor aún, el tráfico de menores? La maternidad en contextos migratorios no puede ser castigada con tortura psicológica y desaparición forzada de familias.
El gobierno del PRM encabezado por Luis Abinader ha normalizado la cacería de migrantes. Las redadas, las deportaciones exprés y el abandono de niños y niñas separados de sus madres, son una mancha en su gestión.
Demandamos:
- Derogación inmediata del protocolo
- Garantía de atención médica sin discriminación.
- Protección urgente para niñas y niños separados de sus madres, y medidas de control para evitar tráfico de menores.
- Políticas migratorias alineadas con la dignidad humana.
Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de todas las personas, especialmente de las mujeres, las niñas y los grupos históricamente excluidos, y seguiremos denunciando cualquier política que atente contra su bienestar y su derecho a una vida digna.