Madrid, (EFE).- La Justicia española ha condenado a 326 años de cárcel al brasileño Juvenilson Días da Silva, que se confesó en el juicio autor de diecinueve violaciones, entre agosto de 2000 y julio de 2003, en Pozuelo de Alarcón y otros puntos de la periferia de Madrid.

En la sentencia, notificada hoy, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid condena también al imputado, que en la vista oral expresó su arrepentimiento y aceptó la máxima petición de pena, al pago de más de 700.000 dólares de indemnización a sus víctimas.

El tribunal le considera responsable de diecisiete delitos de agresión sexual y dos más en grado de tentativa, así como de ocho de robo con violencia e intimidación y cinco delitos de lesiones.

A «la plena admisión de los hechos y reconocimiento de culpa efectuado por el procesado», los jueces añaden como pruebas para emitir su sentencia los informes médicos que describen las lesiones padecidas por las distintas víctimas.

Por todo ello, se considera probado que Días da Silva, «con intención de satisfacer su libido y pese a la negativa y oposición de sus víctimas», tuvo una participación «directa, material y voluntaria» en los hechos por los que se le condena.

En la sentencia se especifica que el procesado, conocido en España como «El violador de Pozuelo», abordó a diecinueve mujeres a las que intimidó con un arma blanca y agredió sexualmente, siguiendo siempre un misma forma de actuar.

En todos los casos, asaltaba a sus víctimas con un cuchillo en la vía pública y las conducía a zonas apartadas, donde las obligaba a desnudarse y las violaba, mientras sostenía el arma cerca de su cuello, y después amenazaba con matarlas si gritaban mientras él huía.

A ocho de las mujeres les sustrajo el dinero que portaban, el bolso y algunos efectos personales.

El fiscal destacó en su informe final que, pese al reconocimiento de los hechos por el acusado, la gravedad de los mismos y su reiteración le llevaban a solicitar que la aplicación de posibles beneficios penitenciarios tuvieran en cuenta la totalidad de la pena que se le impusiera y no el máximo de 20 años que estipula el Código Penal español.

Todas las acusaciones particulares -una de ellas ejercida por la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas- se adhirieron a esa demanda, a la que se opuso el abogado defensor, Eduardo Ezequiel García Peña, quien destacó la colaboración de su cliente.

El tribunal admite en la sentencia la petición del fiscal y la de las acusaciones, pero advierte de que con ello «no da un portazo» a la posibilidad de aplicar al condenado beneficios penitenciarios en función de posibles «circunstancias excepcionales» consecuencia del tratamiento de rehabilitación al que deberá someterse.

«Imprescindible será que siga tratamiento específico riguroso para agresores sexuales en la extensión, duración y contenido que determinen los especialistas en la materia», señala el tribunal, que explica que hace esta salvedad en función de la «actitud adoptada por el procesado en el juicio». EFE