POR ALEIDA PLASENCIA
Más de treinta asociaciones empresariales se declaran opuestas a que el Congreso ratifique el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, sin que se realicen en el país una serie de cambios institucionales y de carácter fiscal, tales como llevar la comisión cambiaria a cero e igual nivel de arancel para la materia prima.

En una rueda de prensa, donde estuvieron representadas 33 asociaciones encabezadas por la Asociación de Industrias de la República (AIRD), el sector empresarial planteó que el país necesita adecuación fiscal y cambios institucionales para competir con los productores de Estados Unidos y Centroamérica.

También consideraron «indispensable» lograr una reforma que garantice la equidad fiscal y equipare las políticas fiscales del país con las de las naciones de Centroamérica y los Estados Unidos, antes de la ratificación del citado TLC.

En un documento leído por Yandra Portela, presidenta de la AIRD, las asociaciones empresariales plantearon que el país debe asumir un modelo de desarrollo basado en el fomento del sector productivo y en la promoción de las exportaciones. Igualmente, que el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y la sociedad en general, deben estar conscientes del rol del sector productivo nacional y, por consiguiente, de la imperiosa necesidad de fortalecerlo y hacerlo más competitivo.

El documento lo firman, además de la AIRD, las asociaciones, de Embotelladores de Aguas Purificadas, de Embotelladores de Bebidas Gaseosas, de Embutidos y Procesadores de Carnes, de Empresas Industriales de Herrera, de Fabricantes de Dulces, de Hacendados y Agricultores, de Industriales de la Región Norte, de Industrias de la Harina, de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, de Industrias Gráficas y Afines, de Industrias y Empresas de Haina y de Procesadores de Cacao y Afines.

Asimismo, las asociaciones dominicanas, de Calzados, de Exportadores, de Fabricantes de Cerveza, de Fabricantes de Dulces, de Industrias Lácteas, Industrias Textiles y de Productores de Ron.

También las asociaciones nacionales, de Hoteles y Restaurantes, de Industrias de Muebles y Colchones, de Industrias Metalmecánicas y Metalúrgicas y de Jóvenes Empresarios.

También, las cámaras de comercio y producción, de Santo Domingo, de Santiago, sí como el Comité de Emergencias Agropecuarias, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, la Confederación Patronal, el Consejo de Productores de Leche y las federaciones de Asociaciones Industriales, de Cámaras de Comercio y la Junta Agroempresarial Dominicana.

Consideraron necesario reconocer la capacidad del sector productivo, «de crear puestos de trabajo indispensables para disminuir los niveles de desempleo y pobreza existentes y mejorar la calidad de vida de los dominicanos»,

También estimaron indispensable «ahora», generar políticas impositivas que permitan la productividad y competencia

«existiendo un compromiso para ratificar nuestra incorporación a este acuerdo, estamos obligados a advertir que todavía no se han creado tales condiciones, por lo que corremos el riesgo de conducir voluntariamente al país y a sus sectores productivos a un despeñadero económico, debido a la existencia de trabas que crean graves condiciones de desigualdad frente a nuestros socios comerciales».

Expresaron que el compromiso del país en el marco del TLC con Estados Unidos, se presenta en una coyuntura compleja, caracterizada por el estancamiento de las exportaciones no tradicionales y la existencia de una balanza comercial con Centroamérica «negativa para nosotros».

«Como nuestros productores de bienes y servicios no pueden competir en igualdad de condiciones a las de los participantes en el RD-CAFTA (TLC con Estados Unidos y Centroamérica), el Poder Ejecutivo y el Congreso, deben garantizar a sus productores, como lo hacen las demás naciones signatarias del tratado: reglas que nos permitan participar equitativamente en este nuevo mercado», expresan las asociaciones en el documento.

Consideraron que reducir la inequidad fiscal es impostergable y al respecto dijeron que uno de los factores que colocan a los productores nacionales de bienes y servicios en una grave situación de desventaja frente a los centroamericanos, es el desbalance fiscal que afecta al país en comparación con los demás integrantes del citado acuerdo (Los centroamericanos y los Estados Unidos).

«El caso de los impuestos a la importación de materias primas no deja lugar a dudas: Mientras en Costa Rica, Honduras, el Salvador, Nicaragua y Guatemala, los impuestos fluctúan entre un 1 y un 15 por ciento, en República Dominicana alcanza un 32 por ciento», resaltaron.

Igualmente, expresaron que con la importación de maquinarias y equipos ocurre lo mismo y que mientras los productores nacionales pagan el 32 por ciento del valor de estos bienes, en Costa Rica y Honduras, sólo se paga un 1 y un 2 por ciento, respectivamente.

«En adición al incremento del costo provocado por el altísimo nivel impositivo del componente importado de la producción, existen otros factores sensiblemente perjudiciales, como el impuesto a la propiedad inmobiliaria, el alto costo de la energía eléctrica, los elevados intereses bancarios y la falta de crédito a largo plazo para la renovación del aparato productor de bienes y servicios», resaltaron.

En el caso específico de la energía eléctrica, dijeron que mientras en Costa Rica, Guatemala y el Salvador, el kilovatio-hora cuesta 10 centavos de dólar, en la República cuesta 22 centavos de dólar.

«Bajo tales condiciones, el libre comercio sólo servirá para colocar a la economía dominicana y a los productores de bienes y servicios en graves aprietos, provocando el cierre de empresas y la pérdida de una gran cantidad de empleos», dijeron.