Hotoniel Bonilla es en verdad un personaje siniestro. Cuando declaró recientemente que la corrupción ha significado un robo al erario público equivalente a 104 mil millones de pesos en los últimos 10 años, muchos funcionarios del actual Gobierno se sintieron aludidos y pegaron el grito al cielo. Estos pensaron que una gran parte de ese dinero se lo habían robado ellos mismos, algo que también pensó la opinión pública.

Pero Hotoniel, para evitar ser lapidado por su propia gente, sale de inmediato con su lista negra donde incluye en esa suma de dinero los casos de los fraudes bancarios que equivalen al 80% de esos 104 mil millones. Pero no dice que fue el Gobierno de Hipólito Mejía y las autoridades que él acusa, los que llevaron esos casos a la Justicia.

Mientras tanto ¿qué hizo este Gobierno? Defender vehementemente a los banqueros implicados que le financiaban su campaña política y acusar al Gobierno anterior de la crisis financiera.    

Su obsesión por no quedar de ridículo en el caso judicial presentado por su oficina contra los ex funcionarios del Banco Central por el salvamento de Bancrédito y la devolución de los pagarés a Arturo Pellerano, lo está llevando a la desesperación, presionado por otros personajes siniestros que financian y patrocinan su accionar público. 

Cada vez que hay un fallo judicial que favorece a los implicados, como ha sucedido en dos ocasiones, Hotoniel sale con una jugada sucia que confunde a la opinión pública y busca condicionar a la justicia para que no actúe con imparcialidad, presionando en todos los frentes. 

Cuando llegó al cargo hace dos años, este funcionario dijo que sometería a la justicia 200 casos de corrupción, donde solo ha presentado uno, que es contra los ex funcionarios del Banco Central. Se hace el loco cuando presentan evidencias de corrupción contra las actuales autoridades y archiva las pruebas que le envían. O sea, el gobierno más corrupto de la historia no ha sometido a nadie por corrupción.  

Pero eso no es todo. Los mismos fiscales que están boicoteando el juicio que lleva el Banco Central contra Arturo Pellerano, buscando con ello el sobreseimiento del caso, son los que están actuando en nombre de la DPCA en el juicio contra los ex funcionarios del Banco Central. ¿Tiene eso alguna lógica que no sea la confabulación, la intriga, el complot? No guardan ni las apariencias. 

¿Cómo se explica tal barbaridad contra los que sometieron a la justicia a los ejecutivos de Bancrédito? ¿Cómo es posible que estos fiscales se interesen más en nuestro caso que en el de Arturo Pellerano, que es quien posee los pagarés que la DPCA reclama como robo?

Si la fiscalía actuara responsablemente para concluir un juicio que lleva 4 años y la justicia condenara a los dueños de Bancrédito, como es inevitable por las pruebas presentadas, los bienes y pagarés se confiscan y punto. Y se castiga a los responsables de este hurto, que tienen nombres y apellidos.

Manipular la información, distorsionarla y pagar para que se divulgue, ha sido el método utilizado por este Gobierno para seguir engañando a la gente. Para justificar sus atrocidades y complicidades.

Una entidad sucia y comprometida como la DPCA, debe desaparecer del organigrama gubernamental. Y si hay que crear una entidad independiente del Gobierno, que no se dedique a perseguir opositores pero que investigue a fondo las riquezas mal habidas que poseen muchos funcionarios, ex funcionarios o testaferros y cuyo origen no pueden demostrar, entonces debe depender de otro estamento del Estado. De lo contrario, seguirá la misma intriga y retaliación.