POR MANUEL JIMÉNEZ
El secretario técnico de la Presidencia, Temístocles Montás, dijo ayer que en las actuales condiciones presupuestarias al gobierno se le hace totalmente imposible asignar un 4% del Producto Interno Bruto (PIB) al sector educativo nacional.

Montás explicó que de la única manera que esta situación podría variar es si se reduce el monto de la deuda externa pública, así como el volumen del subsidio a la electricidad.

“Mientras la deuda pública represente lo que representa no hay forma, por ley o por no ley, de garantizar un 4% del PIB a la educación”, sentencio Montás, al destacar que en la actualidad se está destinando alrededor de un 6% del PIB al pago de la deuda pública.

Explicó que si la reforma fiscal que se acaba de poner en vigencia da los resultados esperados, el país tendrá este año alrededor de un 18% de presión tributaria en relación al PIB, pero que “si usted, a eso le saca el 6% para la deuda publica en relación al PIB, el gobierno se manejará con alrededor de un 12 por ciento del PIB”.

Montás dijo que a esto habrá que agregarle los cerca de US$400 millones que el gobierno destinará este año al subsidio de electricidad y que representan alrededor de 1.3% del PIB.

“Es decir,  que si usted le quita eso al 12%, al gobierno le estaría quedando alrededor del 10% del Producto Interno Bruto para manejarse”, agregó.

Montás intervino ayer durante la última consulta para la reforma constitucional celebrada en el recinto de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la capital, con la presencia del presidente Leonel Fernández.

Montás respondió una inquietud del doctor Eduardo Jorge Prats, integrante de la Comisión de Juristas para la Reforma Constitucional, en torno a la posibilidad de que se especialicen porcentajes específicos en el presupuesto para los sectores sociales.

“Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, pero también creo que estas son realidades que hay que tenerlas muy en cuenta”, dijo Montas.

Insistió en que la realidad es que hay que sacar todos los años alrededor de un 7 a un 8% de los ingresos del gobierno para hacer frente al pago de la deuda y a los subsidios e insistió en que en estas condiciones no hay posibilidad de favorecer a los sectores sociales.

 Recordó que hay sectores públicos que tienen porcentajes específicos asignados en el presupuesto, citando entre estos a la justicia, el Congreso, los ayuntamientos y la Junta Central Electoral.

“Cuando usted ve las cosas así, no hay formas, aunque el Presidente lo quisiese, de asignar un 4% del PIB a Educación. No hay forma”, insistió Montas. Dijo que a esto se debe la insistencia en tratar de trabajar para llegar a un nivel de sostenibilidad de la deuda pública, similar al que registró el país a final de los años 90, donde el servicio de la deuda lo que representaba era un 2% del PIB.

 “Es que pasamos de golpe de un 2% a un 6% del Producto Interno Bruto”, comentó el funcionario.

En otro orden, Montás defendió su propuesta de reforma constitucional a fin de que se consagre la obligatoriedad del Congreso de aprobar el proyecto de presupuesto general de la nación en un plazo de dos meses y medio o, de lo contrario, la pieza se convertiría automáticamente en ley. En este sentido, descartó una preocupación del embajador dominicano en Washington y miembro de la Comisión de Juristas de la Reforma Constitucional, de que esa reforma incentivaría a los legisladores para negociar con el gobierno la aprobación del presupuesto.

El presidente Fernández estuvo acompañado de monseñor Agripino Núñez Collado, coordinador del Dialogo Nacional y rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de Marcos Villaman, de la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado.