Una práctica anticompetitiva puede producir graves daños no solo a la libre competencia, sino en otros ámbitos

Una práctica anticompetitiva de un agente económico puede impactar indirectamente el derecho al trabajo y la transparencia pública en el manejo de los recursos del Estado, ha advertido la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia), María Elena Vásquez.

Al participar en un conversatorio virtual con el Centro Juan XXIII, con el tema “Disposiciones y criterios para garantizar la libre competencia”, resaltó cómo una práctica anticompetitiva puede producir graves daños no solo a la libre competencia, sino indirectamente en otros ámbitos, como el derecho al trabajo o incluso la transparencia pública en el manejo de los recursos del Estado.

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Explicó que la eficacia económica y el bienestar de los consumidores representan indicadores de una satisfacción del bien común cuando se trata de prácticas comerciales competitivas dentro de los parámetros de la buena fe y la ética comercial. “Esto último” -precisó Vásquez- “es uno de los estándares básicos de la competencia leal”.