POR MARIO MENDEZ
La presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Elena Villeya de Paliza, adivirtió ayer que la Ley 28-01 está poniendo en riesgo muchos empleos existentes, ya que muchas empresas están evaluando trasladar sus operaciones a la zona fronteriza y están tramitando las autorizaciones necesarias con esos fines.

Villeya de Paliza consideró que esto es el resultado del hecho de que esa ley de desarrollo fronterizo crea una situación de competencia desleal con la industria nacional.

«Parecería conveniente, que si bien, el espíritu del legislador y el objetivo que impulsó la Ley 28-01 sobre Desarrollo Fronterizo es bueno y conveniente para el desarrollo de esa zona tan deprimida, la misma fuera modificada para cumplir con el objetivo de promover la inversión en la zona, sin ir en desmedro de los sectores productivos que crean trabajo en otras zonas y que cumplen con sus obligaciones tributarias», expresó Villeya de Paliza, al ser consultada por la sección económica de Hoy.

Dijo que una de las alternativas sería equiparar a través del pago de sus impuestos (Arancel, itbis, comisión cambiaria, etc.) toda producción amparada bajo esa ley y destinada al mercado nacional.

«De hecho, hoy ya muchas empresas grandes están evaluando trasladar sus operaciones para la zona fronteriza y están tramitando las autorizaciones necesarias, lo que pondría a riesgo muchos empleos existentes», expresó.

La presidenta del Conep afirmó que no cree que haya necesidad de provocar estas distorsiones.

Planteó que si se equipara el tratamiento impositivo a toda la producción «tendríamos igualdad de competencia a nivel de la industria nacional  donde todos paguemos los impuestos bajo las mismas reglas de juego, y estaríamos promoviendo la instalación de industrias en nuevos sectores en la zona fronteriza, sin detrimento de los ingresos del Estado y sin riesgos adicionales para los empleos existentes hoy en esas industrias».

Entre quienes objetado los incentivos fiscales otorgados por esa ley, está el presidente de la Confederación Patronal, Virgilio Ortega Nada, quien advirtió que esa ley provocaría pérdidas de empleos debido a que las empresas que no operan en la zona fronteriza se verían perjudicadas.

«Entendemos que debe haber un balance en el incentivo que se haga para crear nuevas empresas y más empleos, y no desplazar las que están», expresó Ortega Nadal.

También se opuso a la Ley 28-01 la presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Yandra Portela Vila, quien advirtió que los incentivos que la misma ofrece desestabilizarían a las empresas ya establecidas.

Advirtió que esa ley crea serias distorsiones en detrimento de los sectores productivos.

Igualmente, el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Haina, Richard Aróstegui, afirmó que esa ley crea «una serie de iniquidades entre los productores que se establezcan en la región fronteriza y los productores que están fuera de esa zona».

También se abogó por la eliminación de esa ley el ex-presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Marranzini, para quien de ser mantenida esa iniciativa legislativa, «el Estado podría quedarse sin recaudaciones».

Dijo que esa pieza podría llevar a la quiebra al sector empresarial que no es favorecido por los incentivos que otorga.

El ex-director de la Dirección General de Impuestos Internos, licenciado Juan Hernández, también favoreció la eliminación de esa Ley porque «crearía un gran caos en el régimen impositivo del país».

Hernández reveló que ya hay empresas que están poniendo en las facturas que son beneficiarias de esa Ley, para gestionar con las empresas que les venden que no les cobren el ITBIS ni ningún otro impuesto.

Además, Hernández denunció que «hay muchísimos vivos que están vendiendo en el exterior esa ley de incentivos a inversionistas» y que han hecho de los incentivos «un verdadero negocio».

Hernández advirtió que si la ley 28-01 no es eliminada, muchas empresas que operan fuera de la zona fronteriza no podrían sobrevivir a la competencia desleal que harían las empresas que se benefician de los incentivos fiscales otorgados.

Esa  Ley  ofrece a las  empresas ya instaladas y a establecerse en siete provincias dominicanas de la frontera con Haití, exención total en el pago de los impuestos internos,  de  aranceles de aduana sobre materia prima, equipos  y maquinarias,  «así como cualquier tipo de impuesto», durante un período de 20 años. 

Adicionalmente, se les otorga un 50% de exención en el pago de uso de puertos y aeropuertos por igual período.