Conep dice 1.5% debe mantenerse como anticipo

Conep dice 1.5% debe mantenerse como anticipo

La presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Elena Viyella, dijo ayer que el 1.5% podrá mantenerse como anticipo, pero que de ninguna manera deberá reinstaurarse como impuesto mínimo, por ser un impuesto regresivo que lesiona la competitividad y el desarrollo de los sectores productivos nacionales.

Asimismo, sugirió que el nombre del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados (ITBIS) sea sustituido por el de IVA, Impuesto al Valor Agregado.

«De manera que tengamos presente la naturaleza del impuesto y no pretendamos distorsionar su aplicación a través de normas y resoluciones», añadió.

La dirigente empresarial hizo la sugerencia al sostener que la reforma fiscal hay que hacerla lo antes posible, porque su posposición podría resultar «un tremendo problema para las finanzas públicas en virtud de la magnitud del déficit y de los pagos que tendrá que hacer el Estado Dominicano para cubrir el pago del servicio de la deuda».

Planteó que se agrupe bajo la administración tributaria a la Dirección General de Impuestos Internos y a la Dirección General de Aduanas, manteniéndolas independientes entre sí, pero subordinadas y coordinadas por la mencionada administración.

También ponderó la necesidad de reducir la nómina del Estado, Aporque hay aproximadamente unos 175,000 empleados de más y el Estado tiene que controlar sus gastos y mejorar su calidad@.

Para que la reforma fiscal integral sea exitosa y se convierta en un verdadero instrumento de desarrollo, Viyella sugirió ampliar el universo de contribuyentes con el objetivo de atraer a los que no pagan, pero cuyas operaciones generan rentas gravables.

También, simplificar los gravámenes y su administración y eliminar todas las distorsiones a la competitividad y a la productividad nacional, entre estos los impuestos a las exportaciones.

También las tasas y sobretasas a las importaciones, incluyendo el recargo cambiario, así como los impuestos a los bienes de capital y a las materias primas.

Las leyes de incentivos especiales y privilegios deberán ser derogadas y los derechos adquiridos deberán ser cuantificados y otorgados en la forma de un crédito tributario, facilitando la transparencia en la aplicación y eliminando la competencia desleal que estas exenciones a particulares generan, dijo.

Además, opinó que la reforma fiscal deberá eliminar toda una serie de tasas, impuestos y otras cargas y gravámenes de baja recaudación y difícil fiscalización.

«Deberá eliminar la discrecionalidad que hoy tienen los funcionarios en el área de la administración tributaria. Deberá establecer sanciones claras y aplicables a la evasión fiscal», planteó.

Dijo que como forma de aumentar la transparencia y facilitar el cruce de información a la administración tributaria, deberá ampliarse la base de aplicación del ITBIS.

Propuso que la reforma fiscal tenga un sentido de equidad, sea integral y de aplicación universal, que la carga de la crisis sea compartida y que promueva la independencia y la autonomía de la administración tributaria.

Planteó que la reforma fiscal persiga la profesionalización y fortalecimiento de la administración tributaria y la permanencia y aplicación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa de su personal, lo cual deberá redundar en mayor transparencia y efectividad en las recaudaciones fiscales, así como en su fiscalización.

Asimismo, refirió que entre enero mayo 2004, las recaudaciones tributarias tuvieron un incremento superior al 75% comparado con el 2003, equivalente a un incremento en los ingresos de más de RD$22,000 millones.

«Sin embargo, queremos dejar claramente establecido que el déficit fiscal originado como consecuencia del colapso de tres bancos por la falta de supervisión, por su manejo inadecuado y por el incumplimiento de la Ley Monetaria y Financiera, no puede ser resuelto únicamente por la vía de la reforma fiscal que se quiere realizar, dada la magnitud del mismo», puntualizó.

Sostuvo que es indispensable que se modifique la Ley de Riesgo Sistémico para que no permita que se pueda volver a realizar un rescate bancario de la forma y magnitud del realizado en el pasado reciente.

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