El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Lisandro Macarrulla,  instó a las autoridades a evitar  que la fuerza laboral haitiana cree una depresión en el salario medio, y un retraso en la modernización tecnológica del aparato productivo.

Sostuvo que si existe contratación de mano de obra ilegal,  debe ser castigado.

Precisó que la mano de obra contratada formalmente no puede ser ilegal, debido a los controles y regulaciones.

Instó al gobierno a declarar la inmigración haitiana y su descendencia como una prioridad nacional, a fin de posibilitar la definición de una política migratoria integral y responsable.

Macarrulla propuso ejecutar un programa de regularización de los  inmigrantes haitianos ilegales,  especialmente de los  que tienen muchos años residiendo en el país y a sus descendientes.

Agregó que los indocumentados que no pueden regularizar su estatus legal tendrán que salir del país.

Macarrulla considera que en el caso de las deportaciones deben evitarse los extremos: la permisividad de las autoridades y las repatriaciones masivas.

Plantea  que toda deportación debe efectuarse dentro del marco de legalidad y de respecto a los derechos humanos.

Propuso reactivar las funciones de la Comisión Mixta Bilateral y acordar un calendario de reuniones  con su contraparte haitiana.

Sugirió que los inmigrantes haitianos se  cuantifiquen a través de un censo, a fin de determinar su impacto en el mercado laboral.

Propone que la nacionalidad sea adjudicada a través del jus sanguinis y quede bien definido cuándo se es  dominicano.

Considera que la Ley 285-04  de Migración sea complementada por el reglamento de aplicación.

Dijo que se debe  respetar el  Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación con Haití de 1999. Cree que las relaciones comerciales entre ambos países deben responder a reglas claras.