El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) planteó una modificación de la Ley de Seguridad Social a fin de que se apliquen las mismas disposiciones del régimen de pensiones para el sistema de riesgos laborales.
Indicó que en la ley no se trata con claridad cómo se deben manejar los fondos que van a la Administradora de Riesgos Laborales que gerencia la dirección del Instituto Dominicano de Seguro Social (IDSS), y queda como un monopolio estatal sin competencia.
El Conep apunta que la ley no establece cuáles lineamientos e instrumentos de inversión deben regir para los fondos de riesgos laborales que se van acumulando.
Recientemente el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) aprobó una resolución en la que dispuso que los excedentes acumulados por riesgos laborales, unos RD$10,000 millones, fueran distribuidos entre el Gobierno y los empleadores.
A los empleadores se les entregó un crédito por cinco años, es decir que dejarán de cotizar el 1.2% de sus nóminas a riesgos laborales. Mientras que para el Gobierno irían RD$3,000 millones en efectivo, pero también disfrutarían de un crédito, en su condición de empleador.
La posición del Conep con relación al tema de riesgos laborales fue expresada durante el Almuerzo del Grupo Corripio, en el que participaron su presidente, Manuel Diez; Rafael Blanco Canto, segundo vicepresidente; Francisco José Castillo, vicepresidente ejecutivo, y los vocales Marisol Vicens y Pedro Pérez.
Diez defendió que los empresarios son los únicos que no están tomando el dinero, sino que tienen un crédito. Lo que nadie se atreve a decir es que el Gobierno cogió tres mil millones y se los adjudicó de una vez, expresó Diez.
Vicens recordó que ante el vacío jurídico con la repartición de los fondos no se violó ninguna ley, ya que no hay ninguna disposición que prohiba lo que se realizó.
Apuntó que la Ley 87-01 establece que el CNSS es el que tiene la facultades de regular al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, del cual la ARL-Salud Segura es una división.
Dijo, además, que se corría el riesgo de que esos recursos, que son aportados únicamente por el empleador, se acumularan y luego no sabría que hacerse con esos excedentes.
Apuntó que nadie se preocupaba de qué pasaba con los RD$10,000 millones y que sólo estaban en el Banco de Reservas y de la Vivienda y gerenciados solamente por la ARL Salud Segura, donde no hay consejo directivo.
Recordó que el sector empresarial promovió el pasado año que el consejo del Instituto Dominicano de Seguros Sociales dictara una resolución para que se definieran los lineamientos de inversión, ya que los fondos acumulados no tenían ninguna directriz sobre rentabilidad, instrumentos y diversificación de la cartera.
Puso como referencia que en el caso de los fondos de pensiones están definidos estos aspectos, contrario al de riesgos laborales.
Sostuvo también que la ARL no está funcionando adecuadamente, porque la mayor parte de las prestaciones son negadas a los trabajadores
Bajar cotización. Diez recordó que desde el primer momento que inició la Seguridad Social, en el 2003, los empresarios intuyeron que el monto que pagan las empresas para riesgo laboral sería más de lo que se requería y un costo adicional que afectaría su competitividad.
Al respecto, Vicens resaltó que estudios indican que aunque se tripliquen la demanda de servicios la cotización actual excede y que con la mitad es suficiente para satisfacer las demandas actuales y futuras.
Diez expresó que la acumulación de fondos seguirá, si no se corrige lo que entiende como una distorsión del Sistema de Seguridad Social. El tiempo nos ha dado la razón en el sentido de que todos los años se va acumulando dinero, dijo.
El Ejecutivo. El Gobierno afirmó que la propuesta de repartir los fondos fue del sector empleador. Ante esto, Diez admitió que en el 2008 ellos habían planteado dejar de cotizar a la Seguridad Social para enfrentar la crisis económica mundial y no perder empleos.
Sin embargo, manifestó que el empuje al final de la propuesta vino por una necesidad del Gobierno de conseguir recursos para aportar al Fondo Monetario Internacional.
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Incumplimiento
El Conep entiende que el CNSS no cumplió con lo que se estableció en el 2003, en el sentido que deberían hacer estudios actuariales en el tema de los riesgos laborales, ya que en el país no había experiencia en ese ámbito.
A la mitad
Aseguró que aunque se tripliquen la demanda de servicios de riesgos laborales, la cotización actual de 1.2 por ciento es muy alta y que con la mitad es suficiente para satisfacer las demandas.