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SANTIAGO DE CHILE (AP). La Corte de Apelaciones confirmó ayer, miércoles, la cadena perpetua para un general que dirigió la policía secreta del régimen militar, responsable del asesinato de 12 guerrilleros izquierdistas en 1987. El general retirado Hugo Salas Wenzel y otros 16 uniformados fueron condenados por los crímenes de la llamada Operación Albania de la policía represiva contra militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un grupo terrorista que combatió por las armas la dictadura del general Augusto Pinochet.
Los crímenes ocurrieron en un lapso de 17 horas, entre el 15 y 16 de junio de 1987, en tres lugares distintos de Santiago, y durante los primeros años el gobierno militar aseguró que los guerrilleros murieron en enfrentamientos, pero la justicia estableció después que se trató de ejecuciones. Salas Wenzel dirigió la Central Nacional de Informaciones, CNI, sucesora de la anterior policía represiva, la Dirección Nacional de Informaciones, cuyo máximo jefe, el general Manuel Contreras, cumple una pena de 12 años por la detención y desaparición de un izquierdista.
El jefe operativo de la CNI, el mayor Alvaro Corbalán, fue condenado a 15 años de prisión, el resto de los uniformados recibieron penas menores a los 10 años.
La alta pena de Salas Wenzel se entiende porque tuvo responsabilidad directa al dar la orden de exterminar a los guerrilleros, según el primer dictamen judicial que lo condenó.
La novena sala de la Corte de Apelaciones, además, duplicó la indemnización a las familias de los asesinados de 250 a 500 millones de pesos, casi un millón de dólares.
El fallo de segunda instancia puede ser apelado a la Corte Suprema, y cuya posterior sentencia es inapelable.
Uno de los abogados querellantes en el caso, Nelson Caucoto, dijo que «este es un ejemplo de cómo la justicia está asumiendo estos cargos y está aportando también al establecimiento de la verdad y dando un paso hacia la reconciliación.
La ratificación de la condena se conoció el mismo día en que Pinochet fue fichado por estar procesado por el secuestro calificado de nueve opositores en 1975.
