NACIONES UNDIAS (EFE).- La investigación interna realizada en torno al programa humanitario en Irak ha confirmado la existencia de casos de corrupción en la ONU, así como graves errores de control y administración que requieren una urgente reforma.

Así figura en un avance del informe que mañana presentará el ex presidente de la Reserva Federal de EEUU Paul Volcker, el hombre a quien la ONU encargó, hace más de un año, investigar la presunta existencia de corrupción y fraude en la ONU.

Volcker señala que el programa humanitario, que llegó a mover 64.000 millones de dólares, fue ineficaz y «corrupto», y que de él sacaron provecho, no sólo funcionarios de la ONU, sino también empresarios de varios países y el propio régimen del derrocado líder iraquí Sadam Husein.

«Petróleo por Alimentos» fue ideado a mediados de los años 90 para aliviar la situación de la población iraquí en los años más duros del embargo impuesto por la ONU tras la invasión de Kuwait.

Así, se permitió al régimen de Sadam, bajo la supervisión de la ONU, vender petróleo en los mercados internacionales a cambio de que invirtiese los recursos en comprar bienes de primera necesidad y en reparar infraestructuras,

Para la comisión Volcker, el programa obtuvo logros reales, porque permitió alimentar a buena parte de la población iraquí, con lo que se evitó el estallido de una crisis humanitaria.

Pero el problema vino por el excesivo tamaño que adquirió esta experiencia humanitaria, lo que acabó desbordando a la ONU, incapaz de imponer el control necesario sobre la venta de petróleo.

El resultado fue la proliferación de casos de denuncias de «malgasto, ineficiencia y corrupción, incluso dentro de las Naciones Unidas».

«Muchas de estos rumores fueron exagerados, pero muchos -demasiados- resultaron ser ciertos», asegura el informe de Volcker, que ya ha puesto en manos de la Justicia el caso de dos altos funcionarios, entre ellos el propio director del programa, Benon Sevan.

Esta situación, no sólo viola los principios de la organización, sino que pone en evidencia al Consejo de Seguridad y a la Secretaría General, por lo que se debe acometer una amplia reforma para evitar que se repitan, asegura Volcker en su escrito.

De hecho, los investigadores aseguran que fueron las diferencias entre los países miembros los que impidieron que se tomaran las medidas de control necesarias, con lo que se acabó «tolerando el contrabando a gran escala, y provocando un debilitamiento en las prácticas administrativas del Secretariado».

También el Consejo de Seguridad «falló» al no establecer claramente cuáles debían de ser los «parámetros, las políticas y las responsabilidades administrativas» de este programa, del que no se hizo responsable ninguna agencia de la ONU en concreto.

Otro grave error fue no establecer sistemas de auditoría o de control de gasto, ni poner a personal especializado a gestionar el programa, dado que hasta entonces la ONU nunca se había enfrentado a un reto de estas características.

Además, el ex dictador iraquí y las personas de su entorno encontraron la manera de sacar provecho económico del programa, mediante el cobro de sobornos a cambio de la asignación de petróleo.

Así, la «corrupción masiva del programa alcanzó a las empresas privadas, manipuladas por el Gobierno de Sadam Husein».

Tras detectar y difundir estos hallazgos, «la conclusión inevitable es que la ONU necesita una amplia y profunda reforma, y que la necesita urgentemente», dice el comité investigador.

El propio equipo Volcker propone algunas medidas, como un mayor control de los programas por parte del Consejo de Seguridad, la creación de un cuerpo de auditores independiente, y la creación de un responsable administrativo dentro del Secretariado.