Confiscan bienes a Quirino valorados en 2 mil millones de pesos

Confiscan bienes a Quirino valorados en 2 mil millones de pesos

POR DIEGO PESQUEIRA Y TANIA HIDALGO
La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia decidió ayer que procede extraditar a Estados Unidos al ex capitán del Ejército, Quirino Ernesto Paulino Castillo, requerido por narcotráfico y lavado de dinero, al que, de acuerdo con datos de la fiscalía del Distrito Nacional, se le confiscaron bienes en el país que superan los RD$2,000 millones.

Los abogados defensores de Paulino Castillo, los doctores Carlos Balcácer, Félix Damián Olivares y Freddy Castillo, apelaron la decisión por ante la Suprema Corte de Justicia y notificaron su decisión a la Procuraduría General de la República y la embajada de Estados Unidos.

Espera que la Suprema Corte acoja su pedido y fije una audiencia, a la vez que ordene al procurador general Francisco Domínguez Brito haga los requerimientos.

El tribunal calificó como crimen de lesa humanidad el tráfico internacional de drogas, por lo que debe permitirse el enjuiciamiento y castigo de sus autores por los Estados víctimas de ese comportamiento delictivo, y planteó que estas acciones no pueden ser obstruidas por un mal entendido nacionalismo.

La extradición de Paulino Castillo se autorizó sobre la base de que el ministerio público se abstuvo de acusarlo, por el momento, en el país por el cargamento de 1,387 kilos.

La Cámara Penal de la Suprema Corte dispuso además la incautación provisional de US$7 millones de los bienes de Paulino Castillo.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Hugo Álvarez Valencia, Edgar Hernández, Julio Ibarra Ríos, Víctor José Castellanos y Dulce María Rodríguez de Goris.

En la decisión el tribunal consideró que ciertamente Paulino Castillo es la persona identificada como «El Don» por las autoridades judiciales de los Estados Unidos, quienes emitieron órdenes de arresto en su contra.

Además, estimaron que los hechos que se le imputan a El Don están penalizados tanto en territorio dominicano como en el Estado requiriente y que además se cumplió satisfactoriamente con la documentación necesaria depositada y las formalidades de tramitación correspondiente, establecida en el tratado de extradición vigente entre Estados Unidos y la República Dominicana desde el 1910.

Agregan que se cumplió con los requisitos del Código Procesal Penal y la Ley 76-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico de Drogas.

Consideraron también que aunque el fiscal José Manuel Hernández Peguero solicitó prisión preventiva contra Paulino Castillo y ha continuado su investigación con relación al cargamento de 1,387 kilos de cocaína incautado en el pasado diciembre, todavía no ha solicitado ni siquiera una audiencia preliminar, ni mucho menos ha solicitado apertura del juicio.

En este sentido, la procuradora adjunta Gisela Cueto pidió que procedía extraditar a Paulino Castillo porque las autoridades dominicanas se abstuvieron de acusarlo y el caso todavía no estaba en manos de un juez de la instrucción cuando se hizo el pedido de extradición.

Esta cesión se hizo, explicó el ministerio público, porque “la actividad delictiva de que se trata, atañe al país requiriente».

Sin embargo, se explicó, las autoridades dominicanas se reservan el derecho de enjuiciarlo posteriormente.

En un considerando, los jueces estimaron que la participación de una funcionaría de la Procuraduría como abogada de los Estados Unidos, se inscribe dentro de la cooperación recíproca que modernamente se brindan los Estados, en caso como el de la especie, sin que la misma pueda ser reprochable, ni choque con preceptos constitucionales.

«El Estado requiriente presentó dentro de un plazo hábil una serie de documentos justificativos de su solicitud de extradición, los cuales han sido traducidos al idioma español y comunicados a las partes para ser sometidos al debate público y contradictorio», precisaron los jueces.

En la sentencia se estableció que Paulino Castillo era buscado para ser juzgado en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde es sujeto del acta de acusación número 04CRIM-1353, registrada el 21 de diciembre del 2004, responsabilizándolo de dos cargos de confabulación para importar narcóticos, en violación de la sección 963, del título 21 del Código de los Estados Unidos.

Agregan que hay otro cargo de confabulación para distribuir narcóticos en violación a la sección 846, del título 21 del Código de los Estados Unidos.

Se presentó otra cargo de confabulación para lavar ganancias provenientes de los narcóticos, en violación a la sección 1956 (h), del título 18 del Código de los Estados Unidos, entre otros.

Agregan los jueces que se pudo constatar que Paulino Castillo y otras personas se confabularon desde principio de septiembre del año 2003 hasta el momento de su detención en diciembre del año 2004 para importar cocaína a Estados Unidos.

EL ROL

De acuerdo a la opinión de los jueces, sustentada en la investigación de las autoridades dominicanas, el rol de Paulino Castillo era el de coordinar los cargamentos de cocaína del grupo desde el país hasta la Nueva York.

Se llegó a esta conclusión al examinar las interceptaciones telefónicas y resultados sobre vigilancia.

Entre las llamadas hubo una del 16 de octubre del año 2003, en la que los miembros de la organización conversaron sobre la entrega de US$500,000 en ganancias procedentes de los narcóticos a Paulino Castillo.

Poco tiempo después, según los Estados Unidos, los agentes observaron a uno de los participantes en la conversación reunirse con Paulino Castillo en Santo Domingo y entregarle una bolsa grande de lona, en la que los agentes estimaron que estaba dinero.

Agregan que Paulino Castillo coordinó a través de una llamada el envió a Nueva York de 1,300 kilos de cocaína a finales del pasado año.

«El 17 y 18 de diciembre del 2004, Paulino Castillo y un socio discutían los detalles para transportar los 1,300 kilogramos a una ubicación en la República Dominicana de manera que se pudiera enviar a los Estados Unidos», precisan los jueces.

Las autoridades interceptaron diez llamadas en las cuales habla de cargamentos de estupefacientes que habían sido enviados o se estaban enviando a los Estados Unidos.

También doce llamadas en las cuales habla de actividades de lavado de dinero.

La organización recibía cocaína proveniente de Colombia y Venezuela y entonces la enviaban a los Estados Unidos.

En otro considerando, los magistrados sostienen como principio, que «es aplicable en esta materia la norma de la doble incriminación, es decir, que necesariamente el hecho que sirva de fundamento a la solicitud de extradición esté contemplado tanto en la legislación del Estado requiriente como en la del Estado requerido, con la calificación de comportamiento criminal y antisocial, y que sea penalizado con una severidad tal que permita hacer viable la solicitud y concesión de la extradición».

Las acusaciones de Estados Unidos están sustentadas en declaraciones juradas de David J. Berardinelli, ayudante del procurador fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Meridional de Nueva York, un acta de acusación de un gran jurado del 21 de diciembre del 2004, y una orden de arresto expedida en esa misma fecha por el juez Andrew J. Peck.

El alijo de los 1,387 kilos de cocaína, que sería transportado a Estados Unidos, fue decomisado el pasado 18 de diciembre en una operación conjunta entre la Dirección Nacional de Control de Drogas DNCD y la DEA, la agencia antidrogas del gobierno del gobierno estadounidense.

En esa operación, además de Paulino Castillo fueron apresados el ex teniente coronel de la Policía, Lidio Arturo Nin Terrero, el chofer Tirso Cuevas Nin y el casacambista Eleuterio Guante.

Nin Terrero y Cuevas Nin guardan prisión por el caso junto a Guante.

Las autoridades dominicanas buscan a Ernesto Bienvenido Guevara y Francisco Manuel Alburquerque Fortuna, vinculados con este mismo caso.

LOS BIENES

El fiscal Hernández Peguero, del Distrito Nacional, dijo que los bienes incautados al ex capitán del Ejército, Paulino Castillo, ascienden a más de RD$2,000 millones.

Indicó que esos bienes están distribuidos en todo el territorio de la República e en diferentes formas, sin los depósitos cuantiosos en bancos locales y extranjeros.

De igual manera, el magistrado Hernández Peguero informó que la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Doris Josefina Pujols Ortiz, extendió de tres a 14 meses el plazo para que la fiscalía continúe el proceso de investigación del expediente, cuyo principal inculpado es el ex capitán Paulino Castillo.

El fiscal sostuvo que en razón de los cuantiosos bienes propiedad del principal acusado, el ministerio publico deberá investigar a todos sus relacionados, asociados y terceros que podrían simular ser propietarios de sus bienes, cantidad de personas que hasta la fecha puede considerar elevada y que necesariamente serán acusadas de incurrir en violación de lavado de activos provenientes del trafico ilícito de drogas y sustancias controladas.

Como parte de las pesquisas, en los bancos Popular, de Reversas y Agrícola se le congelaron las cuentas a Paulino Castillo por RD$116 millones.

El fiscal dijo que tiene suficientes elementos de prueba para, en su momento, demostrar las responsabilidades penales de Paulino Castillo, del chofer Cuevas Nin, que conducía el camión que transportaba la droga decomisada el pasado 18 de diciembre, del teniente coronel policial Nin Terrero, quien viajaba en el camión, y el casacambista Eleuterio Guante, a quien se le vinculó con la operación. También está acusada Belkis Elizabeth Ubrí Medrano, esposa de Paulino Castillo, Diomaris Marmolejos Feliz, Ernesto Bienvenido Guevara Díaz y Francisco Manuel Alburquerque Fortuna.

Hernández Peguero dijo que este caso debe ser definido como de delincuencia organizada, en razón de ser el mayor cargamento de cocaína incautado en el país y que es evidente deducir que en esa actividad delictiva participaron nacionales y extranjeros, residentes y no residentes en el país, muy especialmente de Colombia, por ser el país productor de la droga y posiblemente de Venezuela y Haití, lugares frecuentemente utilizados para el transporte de droga.

«Se nos hace necesario alargar el plazo, debido a la complejidad de la persecución de los sectores en el caso de lavado», indicó.

INTERROGAN INGENIERO

Por otro lado, se informó que la fiscalía interrogó el pasado jueves a un ingeniero de apellido Stephan, que había vendido apartamentos a Paulino Castillo por más de US$700,000, en un lujoso sector de esta capital.

DOS OFICIALES

Por otro lado, Hernández Peguero dijo fueron investigadas las denuncias de Paulino Castillo, en el sentido de que dos oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) le tendieron una trampa.

«No tienen la más mínima credibilidad esas denuncias y mencionar esos oficiales podría dañar un poco su imagen», alegó el fiscal.

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