En los primeros tres meses de este año se han producido un total de 80 protestas locales en 15 provincias, mostrándose un alto grado de conflictividad social con la gestión actual.

En los últimos 12 años, este ha sido el período de mayor nivel de movilización, con el promedio más alto de protestas por mes, 27 protestas/mes (casi una protesta/día)  más que 1997 con un promedio de 20 protestas/mes.

Encontramos la emergencia de movilizaciones sociales y paros en municipios y provincias que no se habían movilizado en décadas atrás como: Higüey, El Seibo, San José de las Matas y Pedernales.

Esta alta conflictividad social en que se encuentra el gobierno tiene como causa principal la inequidad y centralización existente en la distribución de recursos en términos territoriales y sectoriales.

Esta gestión de gobierno al igual que la anterior (2004-2008) ha concentrado cuantiosos recursos en grandes obras en una sola provincia, Santo Domingo. Mientras mantiene en total abandono al resto de las provincias y localidades. Las principales demandas de las protestas son: pequeñas obras de infraestructura física, servicios básicos, reivindicaciones salariales (enfermeras y médicos) y baja protección e inversión en la agropecuaria. Elementos que junto a la baja inversión en políticas sociales son débiles en la gestión.

El vacío y la indiferencia en la relación del gobierno con la población desde el micro-territorio se plasman en los movimientos de protestas. Se limita a una respuesta policial represiva y solo se atiende cuando se tornan violentas, reforzando el uso de estos métodos. Los organismos del estado no presentan canales de consulta y atención a las demandas locales para evitar los conflictos. La unidad de análisis del grupo británico The Economist muestra en su estudio a nuestro país entre los países con mayores probabilidades de inestabilidad por su alta movilización social (la 16ª posición de 165 países).

¿Por qué no se evidencian estas condiciones de inestabilidad?

Las movilizaciones sociales que se están produciendo son locales, espontáneas y no están articuladas a un movimiento con fuerza social a nivel nacional. No hay  oposición política, los partidos de oposición se encuentran  muy fragmentados y debilitados. Por ultimo, el gobierno mantiene un sistema de control social con base en el clientelismo y el debito social, que se sostienen con favores y asistencialismo social.

El gobierno de Leonel Fernández -PLD debe evitar la extensión de la conflictividad social que desemboque en condiciones de ingobernabilidad. Necesita cambiar su estilo de gestión y redefinir sus prioridades hacia la inversión en políticas sociales, descentralización y redistribución de los recursos hacia las comunidades del interior del país.