CARACAS (AFP).- El referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez entró este martes en un estado de indefinición, atrapado en un conflicto jurídico entre dos salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que puede prolongar la batalla por esta consulta en Venezuela.

«El CNE (Consejo Nacional Electoral), en este momento se encuentra ante dos decisiones del Tribunal Supremo, no ante una: una de la sala constitucional del viernes y una de la sala electoral ayer», admitió uno de los cinco directivos del organismo, Jorge Rodríguez.

Rodríguez aseveró que «el camino más engorroso y más largo para activar el referendo es el judicial, eso lo saben los actores (…), implica que las partes vayan a juicio. ¿Me pregunto si la intención es alargar esto de manera tal donde nadie gane y todos pierden ?», se preguntó.

La polémica se inició tras la decisión el lunes de la sala electoral que acogió un amparo solicitado por la oposición contra la decisión del CNE, que el 2 de marzo declaró que no se reunieron los 2,43 millones de firmas necesarios para convocar el referendo.

Ese día el CNE decidió que de 3.086.013 firmas que presentó la oposición, 1.832.493 son válidas y sometió a reparo un millón, entre ellas unas 800.000 por tener la misma caligrafía en los datos de los firmantes, las que también han sido llamadas «planas».

En su decisión del lunes, «cautelar» o transitoria hasta que haya sentencia firme, la sala electoral ordena al CNE sumar a las válidas las 800.000 firmas llamadas «planas», con las que la oposición alcanzaría 2,7 millones de rúbricas, por encima de las 2,43 millones necesarias para activar la consulta.

Pero la sala constitucional del mismo tribunal, había pedido el viernes a sus colegas que se inhibieran de pronunciarse, debido a que ellos ya estaban estudiando el tema.

La oposición saludó la decisión tomada el lunes por la sala electoral del TSJ y sus abogados argumentaron que es de obligatorio cumplimiento. Es «el retorno de la legalidad y de la constitucionalidad al proceso revocatorio venezolano», declaró el líder opositor Enrique Mendoza.

El diputado y ex constituyente, remarcó que «la Sala Electoral no puede ni debe enviar ningún expediente a la Sala Constitucional porque se hará cómplice de la violación de los derechos constitucionales y se perdería el Estado de Derecho».

Por su parte el oficialismo inició desde el mismo lunes acciones ante el TSJ para echar atrás la decisión de la sala electoral.

«Se va a producir una decisión de la sala constitucional, se va a crear un conflicto entre salas y el conflicto entre salas lo va a decidir (posteriormente) la sala plena del TSJ, vaticinó el abogado constitucionalista oficialista Carlos Escarrá.

El conflicto jurídico se produjo mientras también parecían haber entrado en un punto muerto negociaciones entre la oposición y el CNE, facilitadas por la OEA y el Centro Carter, para buscar mejores condiciones para los reparos ordenados antes por el CNE.

La indefinición fue observada este martes por el Grupo de Países Amigos de Venezuela, integrado por Brasil, Chile, España, Estados Unidos México y Portugal.

El Grupo de Amigos expresó su «preocupación» con la evolución del proceso de convocatoria de un referendo revocatorio contra el mandato del presidente Hugo Chávez, estimando que su «prolongada indefinición (…) no contribuye a la solución de los graves problemas políticos internos de Venezuela».

El Grupo instó al gobierno y a la oposición a recuperar el diálogo, y al pueblo venezolano a alcanzar una solución constitucional, pacífica, democrática y electoral.