Un paso de avance en concesiones se expresa en la resolución un tanto unilateral del Consejo Nacional de la Seguridad Social que lidia con fuertes reclamos de médicos, especialistas, dueños de clínicas y de mecanismos asistenciales. Aun sin satisfacer a todos los lanzados a obtener mayores conquistas del sistema y hasta para los afilados que nada consiguieron en este intento de superar el conflicto, lo emanado del órgano colegial supremo no debería recibirse como una imposición inapelable. Parece llamado a ser el documento básico para conciliar intereses. El regreso a la mesa de negociaciones con las respuestas de las contrapartes disgustadas augura más que antes una normalización de atenciones a la salud de millones de personas.

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Esta sociedad merece que el desencuentro médicos-seguridad-pacientes expire con pragmatismos y algo de renuncia a las conveniencias particulares. Conveniencias que desde antes se traducen en ejercicios médicos que, parcial o totalmente, ponen fuera del régimen asistencial ramas de especialidades haciéndose persistentes los copagos ilimitados y los prerrequisitos de severos daños a los usuarios y al fisco que se anticipan por teléfono: «no se aceptan tarjetas aseguradoras ni de crédito. Todo pago debe ser (gruesamente) en efectivo». Una frecuente exigencia marginal e insolidaria que puede hacer la diferencia entre la salud y el fracaso paras pacientes en un país con la atención primaria significativamente reducida; la más funcional y justa para pobres y clase media.