Confrontación estéril

ANTONIO PEÑA MIRABAL
La disputa pública que mantiene el actual jefe de la Policía Nacional con el secretario de Estado de Interior y Policía no beneficia al gobierno, por el contrario, muestra la incapacidad de estos funcionarios para dirimir internamente las contradicciones que puedan tener respecto al desempeño de la institución policial.

¿Qué impide que puedan discutir sus opiniones en la intimidad de la organización? ¿Cuál es el afán de llevar a los medios de comunicación las diferencias externadas? ¿Por qué transmitirle a la población los problemas de esa institución, cuando el pueblo está harto de ser espectador de funcionarios que no resuelven? El protagonismo que ambos quieren exhibir públicamente empeora los problemas que aquejan a nuestra desacreditada Policía Nacional.

De acuerdo al organigrama del Estado dominicano, la Policía Nacional está bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Interior y Policía; por ende, y es lo que se entiende, el jefe de la Policía Nacional debe responder al titular de dicha Secretaría. En la práctica, ningún jefe policial de todos los que hemos tenido ha despachado los asuntos vitales de la institución con el titular de Interior y Policía; siempre lo ha hecho directamente con el Presidente de la República. En nuestro país presidencialista no es funcional la estructura Interior y Policía-Policía Nacional, porque hay asuntos de tanta trascendencia que quien la decide muchas veces es el propio Presidente de la República, y un funcionario que despache directamente con el primer mandatario de la nación, no es verdad que rendirá cuentas de su gestión a un secretario de Estado. Esta es la médula del discernimiento público que exhiben en la actualidad estos dos funcionarios. Hace falta que transcurran muchos años de democracia plena en el país, para que un jefe policial despache con el titular de Interior y Policía.

Es una pena que los trapos sucios de la Policía Nacional se estén lavando públicamente, por quienes deberían poner todos sus esfuerzos para rescatar esta importante institución pública. No hay que ir a los medios de comunicación a debatir las deficiencias de la Policía Nacional. Con esta actitud se deteriora aún más la pobre imagen pública que ésta tiene. Para nadie es un secreto en el país que los bajos salarios que devengan nuestros policías se transforma en un servicio pésimo a la población, que incentiva con frecuencia el macuteo y la lisonjería. Esa pobre condición salarial es la que facilita el ingreso de personas con baja escolaridad, que buscan en el uniforme policial la oportunidad de ascender socialmente.

Tanto el jefe policial como el titular de Interior y Policía conocen hasta la saciedad las deficiencias del cuerpo armado responsable del orden público, por lo que no hay motivos para escenificar el espectáculo de mal gusto que están protagonizando en los medios de comunicación. ¿Quién no sabe que nuestros alistados policiales, que son los que patrullan las calles y avenidas del país, provienen de los estratos más bajos de la sociedad, y que por tanto arrastran consigo la distorsiones y deficiencias que se viven en ese tramo social? ¿Quién desconoce en este país la carencia de equipos y herramientas que padece la Policía Nacional, lo que de alguna manera incide en su ineficiencia? ¿Quién no sabe que ese cuerpo armado no cuenta con un entrenamiento adecuando para atender los requerimientos de la sociedad? ¿Cuál es el beneficio que el país recibirá de esta confrontación que ya está afectando la imagen del gobierno? Lo que nuestra Policía Nacional necesita es la decisión firme del gobierno, de poner en ejecución las acciones necesarias para transformarla en un cuerpo efectivo, que sea verdadera auxiliar de la sociedad para combatir el crimen organizado.

Igual que la mayoría de nuestras instituciones, la Policía Nacional es el producto del desarrollo histórico de nuestra sociedad. No podemos exigirles a nuestros policías que exhiban las conductas que muestran los de New York o Londres, pero sí podemos exigirles a quienes la dirigen, que se dejen de estar atosigando a la población con sus pleitos públicos y que se dediquen a transformarla en un cuerpo que vele de verdad por el orden público.