La objeción mayor a la introducción al Senado del proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes proviene de sectores de notable preocupación por la proverbial vulnerabilidad del país a la inmigración que ha pervivido fuera de control casi siempre por fallas propias y porque, efectivamente, comportamientos insistentes de hegemonías hemisféricas han dado motivos para temer que continuamente quiera llevarse al país a una encerrona para convertirlo en receptor forzado de oleadas de haitianos.

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Es legítimo demandar que ninguna ley nueva permita que por resquicios de una redacción imprecisa se acentúe la desprotección fronteriza contra la llegada de viajeros en multitudes de altos riesgos sociales, demográficos e institucionales y sin pasar racionalmente por el cedazo de autoridades con cabal sentido de los límites. De hecho, esa precisión y eficacia de los guardianes de la ley casi no ha existido con acciones de fuerza ni con restricciones internas que acaben con la receptividad a la mano de obra foránea que ha entregado sectores de la economía a una demografía foránea.

No puede dudarse que República Dominicana necesite herramientas para combatir el tráfico de personas. Y ya el presidente del Senado, Eduardo Estrella, se pronunció en el sentido de no cometer torpezas que agreguen facilidades a la inmigración inaceptable al momento de perseguir tráficos infames. Su palabra está empeñada. Que se escuche al país en vistas públicas.