Trece congresistas demócratas de los Estados Unidos pidieron al presidente Joe Biden que su país apoye los esfuerzos legítimos para crear un gobierno haitiano de transición que respete la voluntad del pueblo haitiano y deje claro al primer ministro Ariel Henry que no le apoyarán mientras él bloquee el progreso.

Esta es una de las medidas que los congresistas proponen al presidente Biden en una amplia carta en la que le expresan su preocupación porque a un año del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, el 7 de julio del 2021, la crisis de Haití sigue empeorando y se ha estancado la posibilidad de establecer un gobierno que vaya acorde con la Constitución de Haití y que cuente con el apoyo del pueblo.

Las medidas propuestas buscan poner fin al estancamiento actual de la crisis política que se vive en Haití y hacer realidad las aspiraciones democráticas del pueblo haitiano.

Entre esas medidas citan que, dados los riesgos extremos de seguridad física y la grave situación humanitaria en el país caribeño, los Estados Unidos deben suspender de inmediato todas las deportaciones y abstenerse de devolver a los migrantes a Haití en contra de su voluntad.

En torno a las concertaciones, dicen que los Estados Unidos debe incluir a los líderes de los mecanismos como el Acuerdo de Montana en las discusiones sobre la seguridad y la gobernabilidad de Haití.

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Recuerdan que a pesar de que el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos ha sostenido una serie de reuniones de alto nivel con representes de los Acuerdos de Montana, no han podido enviar una señal clara de que Estados Unidos no considera al primer ministro de facto, Ariel Henry, como el único camino a través del cual debe fluir un solución a la crisis.

En ese sentido, indican que los Estados Unidos deben tener en cuenta la voz del pueblo haitiano, incluso a través de grupos como el Acuerdo de Montana, aunque Henry no lo haga.

También creen que cuando los funcionarios estadounidenses se reúnan con Henry y otros miembros del Partido Haitiano Tèt Kale (PHTK) deben evitar mensajes públicos que puedan respaldar la narrativa de que Estados Unidos está apoyándolo por ejemplo, emitiendo tweets, fotos o declaraciones entusiastas en torno a las reuniones.

También sostienen que Estados Unidos debe nombrar otro Enviado Especial para Haití, un cargo que está vacante desde septiembre del 2021 cuando renunció Daniel Foote.

Por otro lado, reconocieron la importancia de haber incluido a Haití como uno de los cinco socios del plan piloto de la Ley de Fragilidad Global de 2019, a través de la cual Estados Unidos implementará un plan integral de 10 años para estabilizar Haití abordando las causas a largo plazo de la fragilidad y la violencia.

Para lograr esto, indican que es imperativo que la Administración se tome el tiempo suficiente para consultar con una amplia variedad de representantes locales en Haití antes de presentar el plan.

Estas discusiones, puntualizan, deben garantizar la máxima accesibilidad tanto idiomática como presencial, reconociendo los desafíos del acceso limitado a Internet, electricidad poco confiable y las preocupaciones de seguridad.

Además esperan revisar el informe de 180 días requerido en la Ley de Haití, que venció el 12 de septiembre de 2022.

El informe es necesario para incluir una estrategia para abordar la protección de los derechos humanos y lucha contra la corrupción, promoción de la libertad de prensa y libertad de reunión, así como la protección de los periodistas, dar prioridad a las actividades posteriores al terremoto y recuperación y desarrollo post-huracán y post-covid-19.

Los firmantes

La carta está firmada por los senadores Edward J. Markey, Elizabeth Warren, Bernard Sanders y Patrick Leahy, así como también por los diputados James P. McGovern, Ayanna S. Pressley, Stacey E. Plaskett, William R. Keating, Terri A. Sewell, Maxine Waters, Jamie Raskin, Dwight Evans y Rashida Tlaib.