BOGOTA (AFP).- Un grupo de congresistas ecuatorianos de oposición que huyeron hacia Colombia denunciando que son blanco de una persecución política por parte del presidente Rafael Correa, solicitó ayer, miércoles, amparo y protección jurídica a Bogotá.

Los seis parlamentarios que llegaron la noche del martes a Bogotá, sostuvieron este miércoles un encuentro con congresistas colombianos y con el canciller Fernando Araújo, en el que explicaron que debido a la coyuntura política de su país, demandaban seguridad del gobierno colombiano.

 Al mediodía de este miércoles, el vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, Roy Barreras, anunció que tramitó ante la cancillería colombiana las solicitudes de asilo para los diputados ecuatorianos Silka Sánchez, Alfonso Harb, Alfredo Serrano, Luis Fernando Torres, Mauricio Ponce y Gloria Gallardo.

“Hemos hecho formalmente una solicitud de asilo político para esos seis congresistas ecuatorianos que han sido, en su opinión, despojados de su investidura y de sus derechos políticos y de las mínimas garantías democráticas en el vecino país”, dijo Barreras.

En diálogo con periodistas, al término de un encuentro con los diputados ecuatorianos, Barreras añadió que la cancillería colombiana respondió que atiende la petición y que una vez consulte la opinión del presidente Alvaro Uribe dará respuesta en un lapso de dos días.

“La cancillería nos informó que los congresistas ecuatorianos que ya están aquí y los que llegarán en los próximos días, que pueden ser unos diez más, tendrán todas las garantías para permanecer en territorio colombiano mientras se les da respuesta al pedido de asilo”, concluyó.

La versión sobre el pedido de asilo contrastó con lo dicho por varios de los diputados. Luis Torres, del Partido Social Cristiano (PSC) aseguró que “no está en los planes pedir asilo al gobierno de Colombia, pero sí medidas de protección frente a las circunstancias de indefención jurídica y riesgo”.

 “En Ecuador estamos al borde de la intercepción jurídica. Los jueces naturales que han resuelto a nuestro favor han sido destituidos y procesados penalmente. Ayer la fiscal de miscelanios de Quito pidió nuestra prisión preventiva por haber cometido el delito político de sedición”, concluyó Torres.

A su turno, Alfredo Serrano señaló a la AFP que si bien “el asilo político no está descartado, tampoco lo hemos pedido”. “Nos reunimos (con el canciller) para explicarle nuestras razones de presencia en Colombia debido a los movimientos políticos que se presentan en Ecuador. Pedimos medidas precautelativas y temporalmente permanecer en Colombia”, señaló.

La diputada Gloria Gallardo, del PRIAN (derecha), dijo también a la AFP que un total de veintidós diputados opositores al gobierno de Correa llegarán en las próximas horas a Bogotá para pedir protección al gobierno y al Congreso.

Al ser consultado sobre el tema, el presidente Uribe dijo el miércoles desconocer formalmente el pedido de asilo y amparo presentado por los diputados ecuatorianos y se declaró “prudente” frente al polémico caso.

“Eso lo tiene que mirar delicadamente la cancillería. Lo que les puedo decir es que Colombia es un Estado de leyes”, dijo el mandatario a periodistas desde la ciudad de Cali (suroeste) a donde trasladó su despacho desde el lunes pasado, como respuesta a un atentado con coche bomba, hace dos semanas.

“Allá (en Ecuador) se desarrollan los acontecimientos más rápido que acá (pero) el presidente de Colombia tiene que ser muy respetuoso de la normatividad. En su sabiduría, con toda la prudencia se definirán las cosas de acuerdo con las normas jurídicas, pero no tengo conocimiento todavía de esas peticiones (de protección)”, añadió Uribe.

Uribe se abstuvo de profundizar en el tema argumentando que “poner al presidente de Colombia a opinar sobre el tema es crear el riesgo de malas interpretaciones en Ecuador. Entonces sobre ese tema hay que comprender que mientras menos hable el Presidente de Colombia, mejor”, concluyó.

La fiscal ecuatoriana Elsa Moreno pidió el martes el arresto, bajo sospecha de sedición, de 24 de los 50 diputados restituidos en sus cargos ese mismo día por el Tribunal Constitucional.